Una investigación de la Guardia Civil, a través del Equipo de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas y en el marco de la operación PAYCASH, ha culminado con la detención de un agente de la Policía Local de Mogán (Gran Canaria) como presunto autor de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. El agente habría anulado de forma irregular sanciones de tráfico que previamente cobraba en efectivo 💶.
La detención llega tras una investigación iniciada en junio de 2025, cuando el Ayuntamiento de Mogán detectó expedientes sancionadores irregulares. En ellos, el policía investigado anulaba administrativamente las multas sin justificación legal, interrumpiendo indebidamente el procedimiento administrativo.
Según la Guardia Civil, el agente iniciaba sanciones de tráfico y seguridad vial durante su jornada laboral, exigía a los ciudadanos el pago en efectivo y no ingresaba esas cantidades en las arcas públicas. Tras un análisis exhaustivo de los expedientes cancelados, el Ayuntamiento y la Jefatura de la Policía Local constataron que el perfil mayoritario de los sancionados eran turistas con vehículos de alquiler.
Las pesquisas revelan que esta práctica se habría prolongado durante varios años. En total, el agente habría iniciado más de 1.000 procedimientos sancionadores, con una cantidad presuntamente malversada estimada en 135.000 euros 📊.
Durante la investigación, los agentes rastrearon a turistas sancionados en los últimos cinco años, quienes coincidieron en relatar que se les exigía el pago en efectivo. Para corroborar los hechos, se realizaron vigilancias y controles de la actividad policial, verificando que el agente se situaba estratégicamente en distintas zonas de Puerto Rico 🕵️♂️.
Tras su detención, el policía fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana (Plaza 3), que instruye la causa. La autoridad judicial decretó su libertad provisional ⚖️.
En el plano administrativo, la alcaldesa informó de que el Ayuntamiento abrió un expediente disciplinario, actualmente paralizado al existir un procedimiento judicial en curso, a la espera de una sentencia firme. Sobre la situación laboral del agente, precisó que se le ha retirado el arma reglamentaria y que, si se reincorpora, no realizará funciones en la vía pública, siendo destinado a tareas internas. A día de hoy, no se ha reincorporado y se desconoce si ha solicitado o solicitará la baja.
Un caso que vuelve a situar el foco en los controles internos, la transparencia y la confianza ciudadana en los servicios públicos.