El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la decisión del Gobierno de Canarias de rechazar un proyecto de extracción de arenas calcáreas en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, confirmando así la inadmisión del procedimiento ambiental solicitado por la empresa promotora.
La sentencia desestima el recurso presentado por la empresa Arenera Góngora Gutiérrez, que pretendía iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental para desarrollar una explotación minera a cielo abierto en el norte de la isla.
El tribunal respalda la resolución adoptada en julio de 2022 por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que decidió no tramitar el proyecto al considerar que era sustancialmente similar a otro presentado anteriormente y que ya había recibido una declaración de impacto ambiental desfavorable en 2019.
Un proyecto de explotación durante décadas
El proyecto planteaba la extracción de arenas calcáreas destinadas a la construcción, con una producción estimada de unos 40.000 metros cúbicos de material al año y una duración prevista de hasta 30 años de actividad.
Aunque la empresa presentó una nueva propuesta reduciendo la superficie afectada —que pasaba de más de 800.000 metros cuadrados a unos 118.889 metros cuadrados— la administración autonómica concluyó que el planteamiento seguía siendo esencialmente el mismo que el rechazado previamente.
Por este motivo, el Gobierno de Canarias decidió inadmitir la solicitud para iniciar una nueva evaluación ambiental, criterio que ahora ha sido confirmado por la Justicia.
Zona de alto valor ambiental
La explotación minera se pretendía ubicar en un área de gran valor ambiental en el norte de Fuerteventura, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Lajares, Esquinzo y Costa del Jarubio”.
Este espacio forma parte además de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y es hábitat de especies protegidas, entre ellas la hubara canaria, una de las aves esteparias más emblemáticas del archipiélago.
Durante la tramitación del proyecto, distintas instituciones mostraron su rechazo, entre ellas el Cabildo de Fuerteventura y el Consejo de la Reserva de la Biosfera, que emitieron informes desfavorables debido al impacto que podría generar la actividad extractiva en el territorio.
La sentencia respalda la decisión del Gobierno canario
El TSJC considera que la administración actuó correctamente al no admitir a trámite un proyecto que reproducía en esencia otro ya evaluado negativamente, evitando así reabrir un procedimiento ambiental sobre una iniciativa prácticamente idéntica.
Con esta decisión judicial, el tribunal desestima el recurso de la empresa promotora y confirma la validez de la resolución del Ejecutivo autonómico.
Además, la sentencia impone a la empresa el pago de las costas del proceso judicial, con un límite de 2.000 euros.
No obstante, la empresa todavía podría intentar recurrir la resolución ante el Tribunal Supremo si justifica que existe interés casacional para revisar el caso.
La resolución supone un respaldo judicial a la protección ambiental del territorio en el norte de Fuerteventura, una zona especialmente sensible por su valor natural y por su importancia para la biodiversidad de la isla.