El Gobierno de Canarias ha conseguido eliminar las listas de espera para la valoración de discapacidad en todas las islas no capitalinas del archipiélago. Esto significa que en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa las solicitudes se resuelven actualmente en menos de 180 días, el plazo máximo establecido por la ley.
Este avance es fruto de una serie de medidas impulsadas durante la actual legislatura que han permitido mejorar de forma significativa la gestión del sistema. Entre ellas destacan la descentralización de los equipos de valoración, los convenios de gestión con los cabildos insulares, la coordinación con la Consejería de Sanidad, la aprobación de un nuevo decreto que agiliza los procedimientos y la automatización de procesos administrativos.
Un sistema más cercano y eficiente
Una de las claves de esta mejora ha sido acercar los servicios de valoración a la ciudadanía, evitando que la fragmentación territorial del archipiélago suponga una barrera para acceder a estos derechos.
Para ello, el Gobierno autonómico ha impulsado equipos descentralizados de valoración en distintas islas, en colaboración con los cabildos, que atienden directamente a la población local. Además, se han creado equipos itinerantes para atender a la población en territorios con menor población o más alejados de los principales núcleos administrativos.
Estas medidas organizativas han contado también con el esfuerzo del personal de los equipos de valoración, lo que ha permitido incrementar el número de valoraciones que se realizan cada día.
El papel clave del nuevo decreto
Otro elemento fundamental en esta mejora ha sido la entrada en vigor del Decreto-ley 4/2025, de 29 de julio, que regula el proceso de valoración de la discapacidad con el objetivo de hacerlo más ágil y eficiente.
Entre sus principales novedades destaca la posibilidad de resolver determinados casos mediante informe médico, especialmente en patologías crónicas muy frecuentes. Esto permite evitar procesos innecesariamente largos y agilizar la tramitación de muchos expedientes.
El decreto también introduce criterios de prioridad más amplios y justos. Hasta ahora, la preferencia estaba limitada a menores de entre 0 y 6 años, pero la nueva normativa amplía la prioridad hasta los 18 años, evitando que niños, niñas y adolescentes con discapacidad queden atrapados en largas listas de espera durante etapas clave de su desarrollo.
Además, se incorporan como criterio de preferencia situaciones sociales especialmente vulnerables, como casos de pobreza, desempleo o entornos familiares frágiles, lo que permite que la lista de espera se ordene también según la urgencia social y no solo por orden cronológico.
Acceso a la historia clínica y automatización
La integración del sistema con la historia clínica electrónica del sistema sanitario también ha supuesto un avance importante. Gracias a esta herramienta, los equipos de valoración pueden acceder directamente a información médica ya existente, evitando solicitar documentación adicional a la ciudadanía.
Esto ha permitido que cada vez más expedientes puedan resolverse sin necesidad de una cita presencial, lo que libera tiempo para atender los casos que sí requieren exploración directa.
Además, la administración está incorporando herramientas de automatización, robótica e inteligencia artificial, que ayudan a acelerar la tramitación de los expedientes y mejorar la gestión del sistema.
Más resoluciones que solicitudes por primera vez
Los datos del informe de gestión de 2025 reflejan un cambio significativo en la evolución del sistema. Entre 2020 y 2024 entraron 82.146 expedientes y se resolvieron 52.876, lo que generó una acumulación de casi 30.000 expedientes pendientes.
Sin embargo, a partir de 2024 se empezó a apreciar una recuperación y en 2025 se produjo un giro claro: por primera vez se resolvieron muchos más expedientes de los que entraban.
Durante ese año se registraron 17.265 resoluciones, lo que supone resolver el 185 % de los expedientes que entraron, triplicando el ritmo de resoluciones y comenzando a reducir la bolsa histórica de espera.
El reto ahora está en las islas capitalinas
A pesar de estos avances, el Gobierno de Canarias reconoce que aún queda trabajo por hacer en Tenerife y Gran Canaria, donde todavía existen unas 26.000 personas esperando la valoración de discapacidad.
No obstante, esta cifra representa una reducción significativa si se tiene en cuenta que al inicio de la legislatura había más de 40.000 personas en lista de espera.
La Consejería, a través de la Dirección General de Discapacidad, centra ahora sus esfuerzos en seguir reduciendo estos tiempos en las islas capitalinas, con el objetivo de igualar los plazos de resolución en todo el archipiélago antes de junio de 2027.
Con estas medidas, el Ejecutivo autonómico busca avanzar hacia unas islas más igualitarias, donde la condición de vivir en un territorio fragmentado no suponga una doble discriminación para las personas con discapacidad y sus familias.