La asociación Agua para La Palma ha denunciado la instalación de la primera planta desaladora permanente de agua marina para riego en la isla, un proyecto que el Cabildo de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas (CIALP), ya ha comenzado a ejecutar en Breña Baja.
El colectivo ciudadano considera que esta infraestructura es “injustificada e irresponsable”, especialmente porque aseguran que no existe actualmente una situación de sequía en la isla. Según explican, La Palma acumula dos años consecutivos de lluvias normalizadas, con registros incluso por encima de la media en el último año, lo que habría permitido mantener reservas subterráneas suficientes.
Además, la asociación critica que la obra se esté tramitando por la vía de emergencia, un procedimiento que, a su juicio, no está justificado en las circunstancias actuales. Recuerdan que en La Palma nunca se declaró oficialmente la emergencia hídrica, a diferencia de Tenerife, donde sí se aplicó en 2024 y ya ha sido retirada tras mejorar la situación.
Críticas al modelo energético
Agua para La Palma también cuestiona la decisión desde el punto de vista energético. Según el colectivo, apostar por agua industrial desalinizada supone aumentar la demanda eléctrica en una isla cuyo sistema energético depende casi en su totalidad de combustibles fósiles importados, con apenas un 2% de penetración de energías renovables.
La asociación considera que esta decisión va en dirección contraria a cualquier objetivo de soberanía energética, incluso aunque el Cabildo defienda que se trata de una desaladora con tecnología eficiente en el consumo eléctrico.
En este contexto, el colectivo también advierte del escenario geopolítico internacional, marcado por la tensión derivada de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que podría provocar una subida de los precios del petróleo en el corto plazo. Según la asociación, esta situación podría incrementar aún más los costes de una infraestructura altamente dependiente de energía.
“Es una política suicida del Cabildo, porque nos deja cada vez más en manos del exterior”, señalan desde la organización.
Un sistema eléctrico insular “obsoleto”
Otro de los argumentos expuestos por el colectivo se refiere al estado del sistema eléctrico de La Palma, que, según recuerdan, ha registrado varios apagones en los últimos años, evidenciando la obsolescencia de los grupos de generación y de la red de transporte.
La asociación señala que el problema se ha agravado tras el fracaso del concurso público impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica para renovar los grupos eléctricos de la central de Los Guinchos, al que finalmente las empresas interesadas decidieron no presentarse.
Ante esta situación, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha defendido recientemente en el Parlamento autonómico que el futuro del sistema eléctrico de la isla podría pasar por el almacenamiento energético en baterías y la construcción de una central de bombeo hidráulico, proyectos que podrían tardar años en materializarse.
Coste y funcionamiento de la desaladora
La desaladora proyectada en Breña Baja tendrá capacidad para producir hasta 2.500 metros cúbicos de agua al día, que posteriormente serán impulsados hasta el canal LP-1, situado a unos 500 metros de altitud, lo que incrementará el consumo energético del sistema.
El coste inicial de la instalación asciende a 2.130.000 euros, a los que habrá que sumar otras actuaciones complementarias, como las conexiones con la red hidráulica insular.
El Cabildo justifica esta inversión por la reducción del caudal de los pozos del Valle de Aridane, que abastecen aproximadamente el 10% del consumo de agua de la isla, debido a problemas de conductividad o salinización que atribuye a gases volcánicos, basándose en un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Sin embargo, Agua para La Palma sostiene que la causa real sería la intrusión marina derivada de la sobreexplotación de los pozos, una hipótesis que, según el colectivo, también respalda un informe del químico Julio Muñiz.
Rapidez con desaladoras, lentitud con otras obras
La asociación denuncia además que mientras se destinan importantes recursos públicos a nuevas desaladoras, otras actuaciones que consideran prioritarias no avanzan con la misma rapidez.
Entre las medidas que defienden destacan:
- La instalación de tranques o cierres hidráulicos en las galerías para regular la extracción del acuífero según la demanda.
- La renovación de las redes de transporte de agua, donde aseguran que en algunos casos se pierde hasta el 50% del caudal.
- La reperforación del Túnel de Trasvase, una de las reivindicaciones históricas del colectivo.
Sobre este último proyecto, señalan que la obra ya fue adjudicada tras quedar desierta en una primera licitación, pero critican que incluya la construcción de una galería paralela que consideran innecesaria y perjudicial, además de advertir que la empresa adjudicataria tiene dificultades para subcontratar trabajos debido al reducido presupuesto de la licitación.
Denuncian un “engaño estadístico” sobre el agua embalsada
Otro de los puntos criticados por la asociación tiene que ver con la interpretación de los datos sobre el agua almacenada en las balsas de la isla.
Según explican, se estaría trasladando una imagen de escasez generalizada al calcular el nivel medio de llenado incluyendo La Laguna de Barlovento, que representa aproximadamente el 50% de la capacidad total de almacenamiento insular, pero que actualmente no puede llenarse completamente debido a problemas en su lámina impermeabilizante.
El colectivo asegura que, si se excluye este caso y otros concretos como la balsa de Vicario, el resto de embalses presentan niveles elevados de almacenamiento gracias a las lluvias registradas en los últimos años.
Exigen paralizar la desaladora
Por todo ello, Agua para La Palma reclama al Cabildo de La Palma que paralice la instalación de la desaladora de Breña Baja y reoriente la política hidráulica insular hacia el aprovechamiento del agua natural subterránea, la planificación sostenible del acuífero y la mejora de las infraestructuras existentes.
El colectivo concluye señalando que la isla atraviesa una situación de parálisis económica y considera que las decisiones adoptadas en materia hidráulica no están contribuyendo a mejorar este escenario.