La Asociación Tierra Bonita desmiente la versión dada por el consejero Manuel Miranda en el Parlamento de Canarias. La realidad es que sí existen actas de reuniones del comité científico anteriores a la catástrofe volcánica.
La Asociación Tierra Bonita acusa al Gobierno autonómico de “mentir de forma descarada” el 11 de junio de 2025 en el Parlamento de Canarias, cuando afirmó que no había actas de las reuniones del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) anteriores a la erupción del Tajogaite.
Lejos de ser así, Tierra Bonita asegura tener constancia de que sí existen actas que contienen la deliberación entre los miembros de ese órgano durante la semana de septiembre de 2021 en la que ocurrió la erupción. Además, también le consta que hay grabaciones, aunque el Gobierno de Canarias sigue sin querer entregarlas.
Cabe recordar que, en junio de 2025, durante un pleno del Parlamento regional, ante una pregunta formulada desde la oposición sobre por qué se deniega esta documentación a los afectados, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, alegó que «la información que los técnicos nos han aportado viene a decir que no se levantaban actas, sino que eran, simplemente, informes que se hacían a posteriori, y que las grabaciones existen pero no se pueden hacer públicas».
“Desmentimos de manera rotunda lo afirmado por el consejero en sede parlamentaria, hasta el punto de que faltó gravemente a la verdad, porque sí se levantaron actas —que sepamos— algunos días de esa semana previa a la erupción. Estos documentos fueron redactados por la entonces denominada Dirección General de Seguridad y Emergencias”, asevera Tierra Bonita.
Llegados a este punto, la asociación reta a Miranda a aclarar “si mintió él o si sus propios técnicos le engañaron y le hicieron mentir sin pretenderlo, o si, sencillamente, se escudó en ellos para amortiguar el golpe cuando se descubriera la verdad”.
Además, para el colectivo palmero, que no existieran actas de cualquier reunión del PEVOLCA supondría un grave incumplimiento de la normativa, cuyo Anexo 8 establece que de cada sesión del Comité Científico se levantará acta escrita, y que esta debe ser redactada por el representante de la citada Dirección General, al frente de la cual se encontraba entonces Gustavo Armas, dependiente jerárquicamente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, cuyo titular en esa época era Julio Pérez (PSOE).
El citado Anexo 8 de este plan de emergencias también deja claro que las sesiones deberán ser grabadas y que dichas grabaciones formarán parte del acta.
Ante estos hechos, Tierra Bonita denuncia la “bochornosa falta de transparencia del Gobierno canario, tanto del anterior como del actual, sobre los gravísimos errores de gestión de la emergencia volcánica de 2021, pese a ser la peor catástrofe de este tipo en Europa durante el último siglo”.
Este colectivo ciudadano quiere hacer notar que ambos gobiernos (el anterior, del Pacto de Las Flores —PSOE-NC-Sí Podemos-ASG— y el actual, formado por CC-PP-ASH-AHÍ) “han pretendido una y otra vez ocultar el contenido de esas reuniones para que los damnificados, en particular, y la opinión pública, en general, no conozcan cómo se llegó a la decisión de no elevar el semáforo a naranja ni evacuar a la población antes de la erupción del Tajogaite, ni siquiera informar a los barrios de que habían quedado en área de máximo riesgo por la migración del magma hacia el norte el último día, a pesar de que los científicos tenían establecidas las coordenadas de la zona probable para el inicio de la erupción”.
La Asociación Tierra Bonita sigue batallando en la vía judicial para obtener esas actas y grabaciones de jornadas en las que las señales de la naturaleza (sismicidad, gases y deformación) alcanzaron niveles que indicaban la inminencia de la erupción.
Las declaraciones públicas de científicos de ese comité, posteriores al comienzo del proceso eruptivo, no han hecho más que avivar las sospechas de los afectados sobre por qué no se les evacuó, ya que miembros de las instituciones científicas IGN, INVOLCAN, IEO e IGME han mantenido que, en las reuniones previas a la erupción, advirtieron de que era inminente.
Al surgir la polémica por este asunto, algunos se han retractado de manera extraña de esas declaraciones, mientras que otros no.
Estas contradicciones y rectificaciones resultan altamente sospechosas para los damnificados, por lo que reclaman conocer las grabaciones para salir de dudas y dirimir posibles responsabilidades. Y es que el protocolo del PEVOLCA estipula con total claridad que, cuando una erupción es «inminente», el semáforo —o nivel de alerta— debe pasar a naranja y evacuarse a la población en riesgo, algo que no ocurrió, exponiendo a los afectados a un grave peligro para sus vidas.
También cabe destacar que tanto el director técnico de esa emergencia, Miguel Ángel Morcuende, como la entonces responsable de vigilancia volcánica del IGN, Carmen López, y el vulcanólogo del INVOLCAN Luca D’Auria han reconocido que el comité científico conocía la zona donde podría ocurrir la erupción, información que nunca fue comunicada a la población en riesgo para su autoprotección.
En barrios como El Paraíso y otros núcleos próximos al lugar de la erupción, sus habitantes tuvieron que salir huyendo en estado de shock, dejando atrás —para siempre— documentación, enseres, animales y recuerdos de toda una vida 
