El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 30 de marzo, la legalización territorial de tres explotaciones ganaderas ubicadas en los municipios de Telde (Gran Canaria), Los Llanos de Aridane (La Palma) y Arico (Tenerife), que suman un total de 725 cabezas de ganado.
La decisión, adoptada en el seno del Consejo de Gobierno, se enmarca en el procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial, que permite autorizar la actividad y regularizar las edificaciones e instalaciones vinculadas al sector ganadero.
Avance en el proceso de regularización del sector
Con estas tres nuevas autorizaciones, el Ejecutivo autonómico eleva a 36 el número total de explotaciones legalizadas desde el inicio de la legislatura, dentro del proceso impulsado por la Dirección General de Ganadería.
La medida supone un avance en la reactivación de las regularizaciones del sector primario, afectando en este caso a explotaciones dedicadas principalmente al ganado caprino, una de ellas complementada con producción avícola.
Marco legal y situación de las explotaciones
Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las instalaciones se encuentran dadas de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
Además, los informes técnicos, basados en estudios comparativos de fotografías aéreas elaborados por GMR Canarias, determinan que las edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, lo que permite aplicar la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Dicha normativa establece que el Gobierno autonómico, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y en coordinación con los departamentos competentes en ordenación del territorio y medio ambiente, puede acordar la legalización territorial y ambiental de explotaciones ganaderas en funcionamiento, incluso cuando estas fueron ejecutadas sin los correspondientes títulos administrativos antes de la entrada en vigor de la normativa territorial.
Condiciones y plazos para la legalización definitiva
El acuerdo del Consejo de Gobierno fija una serie de requisitos que deberán cumplir los titulares de las explotaciones para completar el proceso de legalización.
Entre ellos, se incluyen actuaciones de carácter:
- Sanitario
- Ambiental
- Funcional
- Estético
- De bienestar animal
Estas actuaciones deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses, contados desde el día siguiente a la notificación, con la posibilidad de una prórroga adicional de nueve meses.
Un procedimiento coordinado entre administraciones
Estas autorizaciones forman parte de un plan de regularización dirigido a explotaciones ejecutadas antes de 1999 que han superado los trámites establecidos.
El proceso administrativo implica la coordinación de múltiples administraciones públicas, entre ellas los cabildos insulares, los ayuntamientos correspondientes, así como organismos autonómicos como la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio.