La asociación Tierra Bonita ha intensificado sus críticas al anteproyecto de ley promovido por el Gobierno de Canarias para ampliar la protección del entorno del volcán Tajogaite y las fajanas generadas tras la erupción de 2021.
El colectivo considera que el texto no solo es un “grave error histórico”, sino que además abre la puerta a una importante inseguridad jurídica, limita derechos fundamentales y carece de un respaldo técnico y social suficiente.
Un conflicto entre protección ambiental y derechos ciudadanos
El debate de fondo, según la asociación, no radica en la necesidad de proteger el entorno natural, sino en cómo se está planteando dicha protección. Tierra Bonita defiende que el anteproyecto prioriza una visión ambiental extrema sin equilibrarla con los derechos de los afectados, muchos de los cuales perdieron viviendas, fincas y medios de vida durante la erupción.
En este sentido, el colectivo advierte que la normativa podría bloquear cualquier posibilidad de reconstrucción o aprovechamiento futuro del suelo, afectando directamente a cientos de propietarios en la isla de La Palma.
Falta de planificación previa y riesgos legales
Uno de los aspectos más controvertidos es la ausencia del correspondiente instrumento de planificación ambiental. Las alegaciones denuncian que se pretende aprobar la protección sin contar previamente con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, lo que consideran una anomalía jurídica.
Según la asociación, este procedimiento excepcional se está utilizando como atajo administrativo, lo que podría derivar en impugnaciones futuras y en la anulación parcial o total de la norma.
Además, subrayan que la falta de una base técnica sólida y detallada debilita la credibilidad del proyecto, especialmente en un territorio tan complejo desde el punto de vista geológico, social y económico.
Impacto económico y social en las zonas afectadas
Tierra Bonita alerta de que las medidas planteadas podrían tener consecuencias directas sobre la recuperación de la isla. Las restricciones previstas limitarían actividades económicas clave como la agricultura, el turismo o el desarrollo de infraestructuras, dificultando la reactivación tras la crisis volcánica.
Asimismo, destacan que la propuesta no contempla de forma clara mecanismos de compensación económica ni alternativas reales para los afectados, lo que incrementa la incertidumbre entre los vecinos.
Críticas al modelo de “laboratorio natural”
Otro de los puntos cuestionados es la intención de convertir la zona en un espacio de alto valor científico. La asociación advierte que se pretende transformar el territorio en un “laboratorio natural” con fuertes limitaciones de uso, incluyendo restricciones al turismo y a otras actividades.
Aunque reconocen el valor científico del entorno, consideran que este enfoque no puede imponerse a costa de excluir a la población local ni de bloquear su desarrollo futuro.
Deficiencias en el proceso participativo
El colectivo también ha puesto en duda la transparencia del proceso. Denuncian que el portal oficial para la presentación de alegaciones no está correctamente habilitado, lo que impide una participación efectiva de la ciudadanía.
Además, señalan que no existen garantías claras sobre la trazabilidad de las alegaciones presentadas, lo que compromete la seguridad jurídica de quienes participan en el procedimiento.
Para Tierra Bonita, esta situación refleja una “apariencia de participación” que no se corresponde con un proceso real, abierto y garantista.
Un llamamiento a replantear la ley
Ante este escenario, la asociación insiste en la necesidad de reformular completamente el anteproyecto. Reclaman un enfoque más equilibrado, que compatibilice la protección ambiental con los derechos de los afectados y la recuperación económica de la isla.
También exigen la apertura de un proceso participativo real, transparente y accesible, en línea con los estándares europeos, así como la revisión de las figuras de protección propuestas.
“No se puede reconstruir La Palma desde la imposición ni desde la exclusión de su gente”, advierten, insistiendo en que la futura normativa debe ser fruto del consenso y no de decisiones unilaterales.
Un debate abierto en Canarias
El anteproyecto ha abierto un intenso debate en Canarias sobre el modelo de reconstrucción tras la erupción y el equilibrio entre conservación y desarrollo. La decisión final marcará el futuro del territorio afectado por el Tajogaite y el papel de sus habitantes en ese proceso.
Mientras tanto, Tierra Bonita mantiene su postura firme: la ley, tal y como está planteada, debe ser retirada o profundamente modificada para evitar consecuencias irreversibles en La Palma.
“Lo que se pretende aprobar sería un error histórico”, concluyen desde Tierra Bonita.