Por Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Asociación Tierra Bonita
Valle de Aridane, 17 de abril de 2026.– Más de cuatro años después de que el volcán Volcán Tajogaite en Cumbre Vieja desgarrara el Valle de Aridane, la reconstrucción ha dejado de ser una esperanza para convertirse en un negocio bajo sospecha. Lo que hoy presenciamos en La Palma no es una planificación pública en favor de los afectados, sino una reconstrucción a la carta diseñada para favorecer a lobbies industriales y empresas amigas, mientras se levanta un muro de silencio administrativo que roza lo delictivo.
Una catástrofe humanitaria de las dimensiones del volcán ha sacada a relucir la demagogia, el orgullo y la pedantería de la clase política. Desde el primer minuto nadie ha hecho autocrítica del fracaso de la prevención y la gestión de la emergencia. Objetivamente, el PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) fracasó. Pero el fracaso posterior ha sido aún mayor, hasta convertirse en una frase tópica: “El post volcán ha sido peor”.
El fracaso continúa. Asistimos al fracaso de la gestión, dominado por la improvisación y el formato dirigista. Desde el primer día, con el volcán aun vomitando, la gestión ha sido un ejercicio de improvisación temeraria. Se rechazó la creación de un consorcio administrativo con aval jurídico, cuando una catástrofe de tal magnitud requería una estructura administrativa sólida. Para facilitar las ayudas, que llegaron mal y a cuentagotas, se optó por estructuras volátiles. El Registro Único de Afectados resultó ser un fraude de gestión.
El nuevo gobierno de CC-PP optó por la vía de las órdenes y los decretazos. Y, sobre todo, la opacidad total y el clientelismo. Con la Orden del 2 de julio de 2024 se confirmó que el Registro Único era un fraude. No se le dio ninguna validez real para impartir justicia. Mientras tanto, las soluciones habitacionales se convertían en una trampa de precariedad, como las viviendas contenedor que tardaron un año, y el formato de Revivir el Valle se disolvía en reuniones estériles.
Con el cambio de gobierno en 2023 la situación empeoró aún más. Se abandonaron los borradores de la ley de reconstrucción para imponer un modelo dirigista. Bajo este sistema, se utiliza a la empresa pública Gesplan para realizar seudotasaciones amparadas en protocolos secretos. No hay publicidad de criterios ni beneficiarios, y el Gobierno ha llegado a judicializar su negativa a hacerlos públicos, blindando la opacidad.
Las Administraciones del Valle de Aridane y el Cabildo no tienen capacidad financiera ni humana para asumir la reconstrucción, pero continúan solicitando más y más millones sin control.
Los convenios con el Estado se han convertido en la caja de caudales de esta dinámica. Los presupuestos se inflan sin proyectos que los respalden. El caso de Los Llanos de Aridane es paradigmático: más de 33 millones en obras municipales tras sucesivas ampliaciones. La ampliación del cementerio de Las Manchas pasó de 1,2 a 5,2 millones de euros. Mientras tanto, infraestructuras esenciales siguen sin ejecutarse y las soluciones habitacionales no llegan.
Otros ejemplos refuerzan esta tendencia:
- El Paso: de 10,9 a 13,4 millones
- Terrero de lucha Federico Simón: de 2 a 6,6 millones
- Tazacorte: de 3,5 a 4,6 millones
- Carreteras del Cabildo: de 8,5 a 30 millones
La reconstrucción se ha convertido en el caldo de cultivo para los pelotazos del asfalto y los intereses de determinados lobbies. El caso más llamativo es la carretera LP-213: de 4 a 25 millones de euros. Pero lo más grave no es solo el coste, sino la calidad de ejecución y las decisiones técnicas cuestionables.
Existen indicios de desviación de poder y tráfico de influencias, lo que podría evidenciar intereses ocultos de determinadas empresas privadas.
Las Administraciones intentan maquillar estas irregularidades, como demuestra la campaña “Dale tu toque” para las rotondas de la LP-213, utilizada como excusa para bloquear pagos a vecinos expropiados.
Además, las obras se ejecutan sin cumplir la ley, muchas veces bajo la fórmula de emergencia. Se están ocupando suelos privados sin expedientes de expropiación, vulnerando la normativa vigente. Casos como el Camino Aniceto o la LP-211 son ejemplos claros.
Especial gravedad presenta la vía entre LP-212 y LP-2:
una obra con retrasos, dudas legales y posibles indicios penales, ejecutada sin garantías y con propietarios que habrían sido presionados para ceder terrenos gratuitamente.
También genera dudas la reconstrucción de la LP-211, donde se proyecta una vía paralela que podría esconder intereses especulativos.
Desde la Asociación Tierra Bonita se denuncia un auténtico muro de silencio institucional:
- No hay expedientes públicos accesibles
- Las solicitudes de información no se responden
- Se ignoran resoluciones del Comisionado de Transparencia
Incluso se señala que documentación desaparece de la sede electrónica, lo que evidencia una resistencia feroz al control público.
Ante esta situación, la asociación ha elaborado un dosier probatorio que podría trasladarse a la Fiscalía, donde se apuntan:
- Inactividad administrativa persistente
- Incumplimiento de resoluciones judiciales
- Obras sin cobertura legal
- Falta de control financiero
La reconstrucción no puede ser el botín de unos pocos. Es urgente que la Fiscalía Anticorrupción audite cada euro invertido.
Porque no se puede permitir que el volcán sirva para enterrar, además de las casas, la dignidad y los derechos de las personas afectadas.