El TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) avala al Ayuntamiento y refuerza el carácter público de una infraestructura esencial
El Ayuntamiento de Antigua ha obtenido una importante victoria judicial tras confirmarse su titularidad sobre la parcela donde se ubica la desaladora de Salinas Golf. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) ha desestimado el recurso interpuesto por la concursal de Ramiterra, dando la razón al Consistorio en este procedimiento.
La sentencia reconoce que la parcela pertenece al Ayuntamiento de Antigua, incluyendo además los bienes integrados en el dominio público, destinados al servicio y beneficio de la ciudadanía.
El alcalde de Antigua, Matías Peña, ha calificado la resolución como “una magnífica noticia para el municipio”, destacando que se trata del resultado de un procedimiento largo y complejo, en el que el equipo técnico y jurídico municipal ha trabajado “con cautela y profesionalidad” para lograr el mejor resultado posible.
La resolución judicial supone un paso clave en el proceso de recepción de la urbanización Las Salinas, sector 9 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), consolidando la titularidad municipal de una parcela estratégica destinada a servicios.
En este espacio se encuentran infraestructuras fundamentales como las instalaciones de desalación y depuración de agua, esenciales para garantizar el abastecimiento y tratamiento en la zona.
Durante todo el procedimiento, el Ayuntamiento ha defendido que esta parcela debía ser considerada de cesión obligatoria y gratuita, tal y como establece la normativa urbanística vigente para aquellos suelos destinados a viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas.
En este caso concreto, se trata de un terreno que alberga infraestructuras técnicas clave para los servicios urbanos, como el abastecimiento y la depuración del agua, lo que refuerza su carácter de dominio público.
La sentencia no solo pone fin a un litigio prolongado, sino que también refuerza la defensa del interés general, garantizando que este tipo de instalaciones continúen siendo gestionadas como bienes públicos al servicio de los vecinos y vecinas del municipio.
Con este fallo, el Ayuntamiento de Antigua consolida su posición en la gestión del territorio y refuerza la seguridad jurídica en el desarrollo urbanístico, marcando un precedente en la protección de los servicios esenciales vinculados al bienestar ciudadano.