El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la acusación solicita además alejamiento, libertad vigilada e indemnización
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de diez años de prisión para un taxista acusado de agredir sexualmente a una turista de nacionalidad alemana en la isla de Tenerife. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde el juicio está previsto que comience el próximo lunes a las 09:30 horas.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron una noche cuando la víctima, que se encontraba de vacaciones con sus padres, tomó un taxi a la salida de una discoteca con el objetivo de regresar a su alojamiento. Durante el trayecto, el acusado habría realizado comentarios de carácter sexual con ánimo libidinoso, antes de desviar el vehículo hacia una zona apartada.
Una vez detenido el coche, el procesado presuntamente comenzó a realizar tocamientos sin consentimiento. Ante la negativa de la mujer, el acusado se habría bajado del vehículo para dirigirse al lado del copiloto, donde, según la acusación, la tumbó sobre los asientos delanteros y la agredió sexualmente.
El relato de la Fiscalía señala que la víctima no reaccionó por temor, ya que el acusado la habría amenazado con agredirla físicamente, lo que le generó una situación de intimidación.
El acusado cuenta con antecedentes por violencia de género, aunque estos no son computables en la presente causa.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y, además de la pena de prisión, solicita 15 años de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima, 10 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 25.000 euros por daños morales.
En la información judicial difundida hasta el momento no se concreta la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos, una circunstancia habitual en este tipo de procedimientos, donde se prioriza el relato de los hechos y la calificación jurídica de los mismos.
El proceso judicial permitirá ahora esclarecer los hechos en sede judicial, en un caso que vuelve a poner el foco en la seguridad de los usuarios del transporte y la protección de las víctimas de delitos sexuales.