Interceptada una embarcación no autorizada que utilizaba artes de pesca prohibidas en un espacio protegido
La Guardia Civil ha intervenido un total de 230 kilogramos de pescado capturado de manera ilegal en la Reserva Marina de La Graciosa, tras detectar una actividad pesquera ilícita en el interior de este enclave de especial protección medioambiental.
La actuación fue llevada a cabo por agentes del Destacamento Marítimo de Fuerteventura, perteneciente al Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas, en colaboración con el personal del servicio de operatividad y seguimiento de la reserva, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca.
Uso de artes prohibidas y actividad fuera del censo autorizado
Durante el operativo, los agentes interceptaron una embarcación de lista tercera que no figuraba en el censo de buques autorizados para faenar en la reserva, lo que ya constituye una infracción de la normativa vigente. En su interior transportaba pescado capturado mediante nasas, un arte de pesca expresamente prohibido dentro de este espacio protegido.
La Reserva Marina de La Graciosa y los Islotes del Norte de Lanzarote es una de las zonas de mayor valor ecológico del archipiélago canario, creada en 1995 con el objetivo de proteger los recursos pesqueros y conservar los ecosistemas marinos. En este entorno, la actividad pesquera está estrictamente regulada y limitada a modalidades tradicionales muy concretas.
En el caso de la pesca profesional, solo se permiten determinadas artes selectivas, principalmente mediante anzuelos dirigidos a especies específicas. Por su parte, la pesca recreativa está restringida al uso de caña, cordel o curricán, siempre con autorización previa.
Una actividad planificada para evitar la detección
Según las investigaciones realizadas, el pescador denunciado calaba nasas en zonas como Playa Lambra y Punta La Sonsa, ambas dentro de la reserva marina. Estas artes permanecían fondeadas durante varios días antes de ser recuperadas con las capturas.
Además, la actividad se desarrollaba de forma deliberadamente oculta, ya que el implicado operaba durante la noche y con las luces de navegación apagadas, dificultando su localización por parte de los servicios de vigilancia.
Este tipo de prácticas no solo vulnera la normativa pesquera, sino que también supone un grave impacto sobre los ecosistemas marinos, al afectar a especies protegidas y alterar el equilibrio de los recursos naturales.
Marco legal y sanciones
Los hechos constituyen varias infracciones administrativas conforme a la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias, que regula la actividad pesquera en el ámbito autonómico.
Esta normativa establece sanciones que pueden oscilar desde los 301 euros hasta más de 300.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Asimismo, contempla medidas adicionales como la retirada de licencias o autorizaciones para ejercer la actividad pesquera.
La gestión de la reserva es compartida entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que refuerza los mecanismos de control y vigilancia en este espacio protegido.
Remisión del expediente y colaboración ciudadana
La denuncia administrativa formulada contra el pescador profesional ha sido remitida a la Viceconsejería de Pesca y Agricultura del Gobierno de Canarias, que será el órgano encargado de su tramitación y resolución.
Por su parte, la Guardia Civil recuerda que mantiene habilitado el canal de comunicación sugerencias@guardiacivil.org para que cualquier ciudadano pueda aportar información relevante que contribuya a la detección de actividades ilícitas.
Protección de los recursos marinos
Actuaciones como esta se enmarcan dentro de los dispositivos de vigilancia y control destinados a garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la conservación del medio marino en Canarias. La pesca ilegal representa una amenaza directa para la biodiversidad, la economía pesquera legal y el equilibrio de los ecosistemas, especialmente en áreas protegidas como la Reserva Marina de La Graciosa.
Las autoridades insisten en la importancia de respetar la normativa vigente para asegurar la conservación de estos espacios y el futuro del sector pesquero en el archipiélago.