Nieves Lady Barreto defiende un decreto que ordena el sector, limita su expansión y refuerza el control de edad para proteger a colectivos vulnerables
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha defendido en Comisión parlamentaria la puesta en marcha de un nuevo marco jurídico “restrictivo” para el juego y las apuestas en Canarias, cuyo objetivo principal es ordenar la actual dispersión normativa mediante un instrumento único de planificación y reforzar la protección social.
Durante su intervención, Barreto subrayó que este proyecto normativo cuenta con el respaldo de la Comisión del Juego y Apuestas de Canarias, en la que están representadas tanto las administraciones públicas como el sector empresarial y asociaciones vinculadas a la prevención de las adicciones. La consejera insistió en que la nueva regulación nace bajo los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, incorporando medidas que buscan un equilibrio entre la actividad económica y la protección de la ciudadanía.
Uno de los ejes centrales del decreto es el refuerzo de las medidas dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables, especialmente a los menores de edad. En este sentido, el Gobierno autonómico ha consolidado las denominadas zonas de influencia mediante el Decreto Ley 7/2024, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, lo que ha permitido evitar cualquier vacío legal tras la finalización de la moratoria el 31 de diciembre de 2023. Esta medida impide la instalación de casinos, bingos, salones de juego o locales de apuestas a menos de 300 metros de centros educativos y centros de atención a menores, ampliando además la protección a los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP).
“Blindamos la protección de los menores a todas las edades incluyendo a los CEIP en las zonas de influencia y sustituyendo el servicio de admisión por el control de edad”, destacó Barreto, quien añadió que la moratoria ha demostrado ser eficaz, aunque dentro del marco legal permitido se han abierto 31 locales, todos ellos con expedientes administrativos que podrían derivar en su cierre.
El nuevo marco también introduce cambios relevantes en el control de acceso a los establecimientos. A partir de ahora, los salones recreativos y de juego deberán contar con sistemas obligatorios de verificación de edad, sustituyendo el modelo anterior basado únicamente en la admisión. Asimismo, se establecen garantías adicionales para impedir el acceso de menores a las zonas de juego, incluso en aquellos locales que dispongan de servicios de restauración.
En materia de ordenación territorial, la normativa fija además una distancia mínima de 200 metros entre locales de juego y bingos, evitando así la concentración de estos establecimientos en una misma zona. Paralelamente, se limita el crecimiento del sector mediante una planificación estricta, que mantiene el número de casinos en 12 en todo el archipiélago y fija un máximo de 45 salas de bingo, cuya adjudicación se realizará mediante concurso público convocado por la Administración.
En el ámbito de los salones de juego, se establece un crecimiento controlado, con un máximo de cuatro nuevas aperturas al año durante la vigencia del plan, mientras que los locales de apuestas externas experimentarán una reducción significativa, pasando de 95 autorizaciones actuales a 35. En cuanto a las máquinas recreativas, la normativa adapta el sistema a la regulación europea, excluyendo de la planificación las de tipo A —al no generar beneficio económico— y reduciendo de forma considerable las de tipo B, que pasarán de 14.812 a 7.200.
Otro de los aspectos destacados es la modificación del funcionamiento del Registro de Prohibidos de Acceso al Juego, que establece un periodo mínimo de seis meses de permanencia obligatoria. Con esta medida se pretende evitar que una persona pueda inscribirse y darse de baja de forma inmediata, garantizando así una protección sostenida en el tiempo frente a conductas adictivas.
En paralelo, el Ejecutivo autonómico impulsa la modernización del sector mediante la actualización del Reglamento de máquinas recreativas, permitiendo la incorporación de nuevos sistemas de pago electrónicos. Esta medida no solo responde a las nuevas tendencias tecnológicas, sino que también refuerza la trazabilidad de las operaciones, el control administrativo y la seguridad tanto para usuarios como para operadores.
Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de Canarias busca establecer un modelo más controlado, más transparente y más responsable, en el que se limite la expansión del juego y se priorice la protección social y la salud pública. La consejera defendió que este decreto supone un avance significativo en la regulación del sector, alineado con las recomendaciones en materia de prevención de adicciones y orientado a reducir el impacto del juego en la población más joven y vulnerable.