El joven de 22 años está investigado por presuntos delitos de asesinato cualificado y estafa continuada tras la muerte de su madre, Katty Oosterlinck
El Juzgado encargado de investigar la muerte de la ciudadana belga residente en Fuerteventura, Katty Oosterlinck, ha ordenado el ingreso en prisión provisional de su hijo, Aaron, de 22 años, acusado presuntamente de un delito de asesinato cualificado y otro de estafa continuada, según informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El cuerpo de la mujer, de 56 años, fue localizado el pasado viernes en el vertedero de Zurita, en Puerto del Rosario, cuatro días después de que se denunciara oficialmente su desaparición.
La Guardia Civil detuvo al joven como presunto autor de los hechos. Según las investigaciones desarrolladas hasta el momento, el detenido habría confesado haber matado a su madre, desmembrar posteriormente el cadáver y arrojar los restos en bolsas de basura a diferentes contenedores del municipio.
Riesgo de fuga y destrucción de pruebas
El auto judicial recoge que la medida cautelar de prisión provisional fue solicitada por el Ministerio Fiscal al considerar que existe riesgo de fuga y también posibilidad de destrucción de pruebas relevantes para la investigación.
La resolución judicial expone, siempre de manera indiciaria y sin prejuzgar el resultado final del procedimiento, que los hechos investigados habrían ocurrido el pasado 3 de mayo.
Según el relato recogido por la instructora, el investigado habría acudido al domicilio familiar “con la intención de acabar con la vida de la víctima y obtener dinero que esta se había negado a entregarle”.
Una agresión presuntamente desarrollada con extrema violencia
De acuerdo con los indicios recogidos en el procedimiento, en el interior de la vivienda se produjo una discusión que derivó posteriormente en una agresión presuntamente desarrollada con extrema violencia.
El auto sostiene que, tras la muerte de la mujer, el investigado habría realizado varias transferencias bancarias desde la cuenta de su madre a la suya por un importe total de 3.000 euros.
Parte de ese dinero se habría destinado, presuntamente, a compras realizadas durante la madrugada, incluyendo productos de limpieza y diversos utensilios, entre ellos una sierra radial con la que supuestamente habría desmembrado el cadáver.
Posteriormente, según la investigación, el detenido habría regresado a la vivienda para limpiar la escena, eliminar posibles pruebas y deshacerse de los restos humanos en contenedores próximos al domicilio.
Cámaras de seguridad, movimientos bancarios y reconstrucción de los hechos
Entre los principales elementos indiciarios valorados por el Juzgado figuran las declaraciones testificales, imágenes de cámaras de seguridad, movimientos bancarios, tickets y albaranes de compra, la inspección ocular realizada en la vivienda, los hallazgos efectuados en el vertedero y la propia declaración del investigado.
La resolución judicial también menciona la diligencia de reconstrucción de los hechos y apunta además a indicios sobre la posible participación de una tercera persona cuya identidad no ha sido plenamente determinada hasta el momento.
Asimismo, la instructora destaca que todavía no han aparecido algunos de los objetos presuntamente utilizados durante los hechos investigados, circunstancia que refuerza el riesgo de destrucción de pruebas si el investigado quedara en libertad.
Posible delito de asesinato cualificado
Desde el punto de vista jurídico y de forma provisional, la jueza considera que los hechos podrían constituir un delito de asesinato con varias circunstancias agravantes.
En concreto, el auto aprecia de manera indiciaria alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar la comisión de otro delito, además de un delito continuado de estafa por las transferencias bancarias realizadas sin consentimiento desde la cuenta de la fallecida.
La resolución también analiza la alegación relacionada con el consumo de drogas y concluye que, en esta fase inicial de la investigación, no existen elementos suficientes para considerar que dicha circunstancia afectara de manera relevante a la capacidad del investigado en el momento de los hechos.
Además, el auto señala que, según los indicios recopilados hasta ahora, el supuesto consumo de sustancias no excluiría una posible planificación previa de los hechos.
Hasta 25 años de prisión
Para justificar la medida cautelar, la jueza subraya especialmente el elevado riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos investigados y a las penas asociadas, que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato cualificado.
La resolución también tiene en cuenta la edad del investigado, su escaso arraigo familiar tras los hechos y su situación personal y laboral reflejada en las actuaciones judiciales.