El Gobierno autonómico financiará más de 500 plazas de atención especializada y programas educativos, terapéuticos y familiares para jóvenes sometidos a medidas judiciales en todo el Archipiélago
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias invertirá más de 6,1 millones de euros en el desarrollo de programas de justicia juvenil destinados a menores y jóvenes infractores. La medida, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), permitirá reforzar durante los próximos dos años la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad y ampliar los recursos de apoyo educativo, terapéutico y familiar en las Islas.
Los convenios han sido formalizados con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y la Asociación Opción 3, entidades especializadas en la intervención con menores en conflicto con la ley. Ambos acuerdos estarán vigentes desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2028.
Una inversión de más de seis millones para la reeducación y la integración social
La inversión total asciende a 6.120.511,77 euros, destinados al desarrollo de programas de intervención en medio abierto para menores sometidos a medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.
De esta cantidad, 3.438.969,22 euros serán gestionados por la Asociación Opción 3, que desarrollará actuaciones principalmente en Tenerife y programas especializados en violencia filioparental en Gran Canaria y el resto de islas no capitalinas.
Por su parte, la Fundación Diagrama contará con 2.681.542,55 euros para la ejecución de medidas judiciales en Gran Canaria.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, destacó que este modelo de colaboración permite consolidar un sistema de justicia juvenil basado en la reeducación, la integración social y la protección integral de la infancia y la adolescencia.
Según explicó, el objetivo es seguir fortaleciendo un modelo que prioriza la reintegración familiar y social de los menores, ofreciéndoles nuevas oportunidades de futuro y evitando que queden marcados permanentemente por conductas que, en muchos casos, han estado condicionadas por entornos desfavorables.
Más de 500 plazas para menores con medidas judiciales
Los programas financiados permitirán disponer de más de 500 plazas simultáneas de atención especializada para menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales fuera de centros de internamiento.
Entre las actuaciones previstas se incluyen medidas como:
- Libertad vigilada.
- Prestaciones en beneficio de la comunidad.
- Tareas socioeducativas.
- Asistencia a centros de día.
- Permanencias de fin de semana en domicilio.
- Tratamientos ambulatorios de carácter psicológico y psiquiátrico.
Además, se reforzarán los recursos destinados a la formación, la inserción sociolaboral, la atención terapéutica y el acompañamiento educativo de los jóvenes.
Refuerzo de los programas contra la violencia filioparental
Uno de los aspectos más destacados de los nuevos convenios es el fortalecimiento de los programas especializados en violencia filioparental, una problemática cada vez más presente en el ámbito de la justicia juvenil.
En este contexto cobra especial relevancia el Programa Ancla, desarrollado por la Asociación Opción 3, que incorpora servicios terapéuticos y socioeducativos específicos para menores y familias afectadas por situaciones de violencia en el entorno familiar.
Estos recursos incluyen atención psicológica, intervención familiar, mediación y seguimiento especializado con el objetivo de mejorar la convivencia y prevenir nuevas situaciones de conflicto.
Apoyo a las familias incluso después de finalizar la medida judicial
Los convenios también contemplan programas de acompañamiento y apoyo terapéutico para jóvenes y familias una vez finalizadas las medidas judiciales.
La finalidad es consolidar los procesos de reinserción social, prevenir recaídas y reforzar el bienestar emocional y educativo de los menores durante su regreso a la vida cotidiana.
Para ello, los equipos estarán integrados por profesionales especializados en intervención socioeducativa, psicología, salud mental, inserción laboral y mediación intercultural, trabajando de forma coordinada con los recursos educativos, sanitarios y sociales de cada territorio.
Un modelo centrado en la segunda oportunidad
Con esta inversión, el Gobierno de Canarias refuerza su apuesta por un modelo de justicia juvenil orientado a la educación, la responsabilidad y la integración social.
La creación de más de 500 plazas especializadas y el fortalecimiento de los programas terapéuticos, familiares y de inserción buscan ofrecer nuevas oportunidades a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su desarrollo personal y reduciendo el riesgo de reincidencia.