Vecinos de los núcleos de El Paraíso, Corazoncillo y Montaña Rajada, desaparecidos tras la erupción volcánica de 2021, se concentraron este fin de semana en Tacande, en el municipio de El Paso, para denunciar lo que consideran un agravio comparativo respecto a otros damnificados y exigir compensaciones justas por la pérdida de sus propiedades.
Alrededor de 150 personas, de distintas edades, participaron el domingo 14 de diciembre en una marcha que discurrió por la carretera de Tacande hasta las inmediaciones del volcán Tajogaite, desafiando las bajas temperaturas y la lluvia provocada por la borrasca Emilia. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Cuatro años sin respuestas. Dignidad, certidumbre y reparaciones ya”, “Los vecinos de la zona roja nos sentimos ignorados por decreto” o “No nos avisaron”.
Los participantes, residentes antes de la erupción en los barrios más próximos al volcán, denunciaron la incertidumbre existente sobre el futuro de sus terrenos, actualmente incluidos en la denominada “zona roja”, sometida a un régimen de protección cautelar dentro de la planificación provisional. Reclaman información clara sobre si sus fincas quedarán definitivamente integradas en un espacio natural protegido y qué tipo de compensaciones recibirán por las limitaciones de uso que ello conllevaría.
Durante la concentración, con el volcán como telón de fondo, se dio lectura a un manifiesto en el que los afectados aseguraron sentirse “ultrajados, engañados y abandonados”, al considerar que otros damnificados han recibido indemnizaciones públicas por el valor de lo perdido y, además, mantienen la expectativa de recuperar el uso de sus terrenos.
Los portavoces del colectivo reiteraron que, cuatro años después de apagado el volcán, continúan sin una respuesta clara por parte de las administraciones públicas y sin soluciones definitivas. A su juicio, la posible declaración de sus terrenos como espacio natural protegido impediría recuperar el uso de unas propiedades por las que reclaman compensaciones económicas justas.
El procedimiento para esta protección se tramita actualmente en el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, dirigida por Mariano Hernández Zapata, y de la Dirección General de Espacios Protegidos y Biodiversidad, encabezada por Miguel Ángel Morcuende, quien fue director técnico del PEVOLCA durante la crisis volcánica de 2021.
La gestión de la emergencia fue duramente criticada por los manifestantes, quienes recordaron que no fueron evacuados oficialmente el día de la erupción. Según relataron, tuvieron que huir de forma precipitada, con miedo y angustia, sin posibilidad de regresar posteriormente a sus viviendas para rescatar enseres, animales o recuerdos personales, lo que agravó el impacto psicológico y material sufrido.
En el manifiesto también expresaron su decepción con el comité científico y de dirección del PEVOLCA, al considerar que no se les alertó a tiempo del riesgo de erupción. Denunciaron, además, la ausencia de autocrítica en el relato oficial posterior, que califican como un intento de presentar como exitosa una gestión que, a su juicio, fue deficiente.
Los vecinos de la zona roja subrayaron que no demandan actos simbólicos ni mesas de diálogo sin resultados, sino medidas concretas, un trato digno e igualitario para todos los afectados, compensaciones económicas adecuadas y la posibilidad de participar en los procesos de ordenación territorial que afectan directamente a sus vidas.
Finalmente, recordaron que la erupción sepultó toda una vida de esfuerzo, sueños e ilusiones, y destacaron la importancia del apoyo mutuo y de la solidaridad recibida por parte de familiares, amistades y otras personas, como ejemplo de que la ayuda ciudadana ha estado presente incluso cuando, afirman, las instituciones no han respondido como esperaban.