La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha emitido una resolución jurídica que marca un punto de inflexión en el acceso al deporte base en el Archipiélago, al facilitar la práctica de fútbol federado a menores migrantes no acompañados que se encuentran bajo tutela pública.
La medida, impulsada por el consejero Poli Suárez, se sustenta en un informe jurídico que concluye que la normativa internacional no puede limitar el acceso al deporte cuando el ordenamiento jurídico español ampara este derecho, fijando así un criterio claro para las federaciones deportivas.
Un paso decisivo para garantizar la igualdad en el deporte base
Con esta resolución, el Ejecutivo autonómico ha instado formalmente a las federaciones a expedir las licencias necesarias para que estos menores puedan participar en competiciones autonómicas, poniendo fin a una situación que hasta ahora dificultaba su integración en el fútbol base.
La medida da continuidad al trabajo desarrollado en las últimas semanas, en las que el Gobierno de Canarias ha mantenido un proceso de diálogo con las federaciones interinsulares y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el objetivo de encontrar una solución ajustada a la legalidad y centrada en el interés superior del menor.
Fruto de este trabajo coordinado, se ha logrado desbloquear una problemática que afectaba directamente a jóvenes en situación de especial vulnerabilidad, quienes veían limitado su acceso al deporte base.
Más de 3.700 menores afectados por la situación
El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y el director general de Deportes, José Francisco Pérez, subrayaron la relevancia de esta decisión institucional.
“El Gobierno de Canarias no podía permanecer ajeno a una realidad que afecta directamente al bienestar y al desarrollo de más de 3.700 menores”, señalaron.
Asimismo, insistieron en que “se trata de chicos y chicas que están bajo la tutela de la administración pública y que deben tener las mismas oportunidades que cualquier otro menor para practicar deporte en su entorno”.
Ambos responsables defendieron además que “la normativa internacional no puede interpretarse de forma que limite derechos básicos cuando el propio ordenamiento jurídico español ampara su participación”, destacando que el interés superior del menor debe situarse siempre en el centro de cualquier decisión.
Base jurídica: prevalencia del marco legal estatal
La resolución se apoya en un análisis jurídico detallado que determina que estos menores, al encontrarse en situación administrativa regular y bajo tutela pública, cuentan con respaldo legal suficiente para acceder a la práctica deportiva federada en España.
En este sentido, se establece que:
- Las federaciones deben ajustar su actuación al marco legal estatal
- Se deben evitar interpretaciones restrictivas que puedan derivar en situaciones de desigualdad o exclusión
Además, el documento aclara que la normativa internacional debe interpretarse conforme a la realidad social y jurídica de Canarias, donde estos menores no han llegado por motivos deportivos ni forman parte de operaciones vinculadas al mercado del fútbol, sino que se encuentran bajo la responsabilidad directa de la administración autonómica.
El deporte como herramienta de integración y cohesión
El área que dirige Poli Suárez refuerza con esta medida su compromiso con la inclusión social, subrayando el papel del deporte como herramienta educativa y de cohesión.
El fútbol base se consolida así como un espacio clave para la integración de menores en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su desarrollo personal, social y emocional.
Garantía de derechos e inclusión plena
Con esta resolución, el Gobierno de Canarias avanza en su objetivo de garantizar que:
- Ningún menor tutelado quede fuera del sistema deportivo por razones administrativas o interpretativas
- Se respete el principio de igualdad en el acceso al deporte
- Se favorezca la plena integración en la sociedad canaria
En definitiva, se trata de una decisión que no solo resuelve una situación administrativa, sino que refuerza el compromiso institucional con la protección de la infancia y el derecho al deporte como elemento esencial de desarrollo e inclusión social.