El Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo en su estrategia para afrontar la emergencia habitacional del Archipiélago. El Consejo de Gobierno aprobó en su última sesión de 2025 un proyecto de decreto que introduce cambios profundos en el sistema de acceso a la vivienda pública, con el objetivo de garantizar que los recursos habitacionales beneficien prioritariamente a la población con arraigo efectivo en las Islas.
Entre las principales novedades, destaca la exigencia de un mínimo de diez años de residencia continuada en Canarias, o quince años de forma discontinua, para poder optar a una vivienda del parque público. El nuevo marco normativo excluye así a quienes no acrediten una vinculación prolongada con el territorio, una medida que el Ejecutivo justifica como necesaria para proteger el derecho a la vivienda de los residentes ante la presión demográfica y el incremento de la demanda.
El decreto, que será remitido al Consejo Consultivo para su informe preceptivo, incorpora criterios de arraigo territorial y laboral, priorizando también la vinculación con el municipio donde se ubique la promoción de vivienda. Según el Ejecutivo, esta orientación busca reforzar el carácter social del parque público y evitar usos especulativos o desvinculados de la realidad local.
Fin del sorteo y nuevo sistema de adjudicación
Otro de los cambios estructurales es la eliminación del tradicional sorteo como fórmula de adjudicación. A partir de ahora, las viviendas públicas se asignarán mediante un sistema de baremación objetiva, basado en factores sociales, económicos y familiares, lo que permitirá una distribución más ajustada a las necesidades reales de la población.
El nuevo modelo incrementa de forma significativa los cupos destinados a colectivos especialmente afectados por la crisis habitacional. Los jóvenes pasan del 5% al 20% de las adjudicaciones; las personas mayores de 65 años, del 5% al 10%; las personas con discapacidad o limitaciones funcionales, también del 5% al 10%; y las víctimas de violencia de género, del 5% al 8%. En todos los casos, se refuerza la obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.
Nuevos modelos de vivienda y mayor control del uso
El texto normativo reconoce por primera vez las viviendas prefabricadas y modulares como fórmulas válidas dentro del parque público, subrayando que se trata de soluciones habitacionales dignas, modernas y adaptadas a las singularidades del territorio canario.
Además, el decreto regula con mayor precisión los requisitos de inscripción en el Registro de Demandantes, estableciendo de forma clara los límites de ingresos y patrimonio. También introduce un régimen general de obligaciones para las personas adjudicatarias, con el fin de garantizar un uso responsable de las viviendas y preservar su función social a largo plazo.
Como novedad adicional, se ordena por primera vez el procedimiento de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados directamente a las viviendas, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un marco jurídico específico para su gestión.
Avances en igualdad
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno dio luz verde a los primeros Planes de Igualdad entre mujeres y hombres de la Comunidad Autónoma, que afectarán a unos 11.500 empleados públicos de la Administración General y de Justicia. Estos planes fijan objetivos concretos en igualdad de trato, oportunidades y resultados, y comenzarán a desplegarse a lo largo del primer semestre de 2026.
Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo canario refuerza su apuesta por una política de vivienda más justa, transparente y socialmente orientada, al tiempo que avanza en la consolidación de la igualdad en el empleo público.