El Gobierno autonómico iniciará la tramitación de la Ley de Gestión del Litoral y las Costas con el objetivo de aprobarla en la presente legislatura
El Gobierno de Canarias ha iniciado la elaboración de la futura Ley de Gestión del Litoral y las Costas, una norma que marcará un nuevo marco regulador para la ordenación y protección del litoral del Archipiélago. El Ejecutivo regional prevé aprobarla durante la actual legislatura con un doble objetivo: reforzar la seguridad jurídica tras el traspaso de competencias en materia de Costas y preparar a las islas frente a los efectos del cambio climático.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó que la futura ley pretende “superar la etapa de conflictos” con el Estado y consolidar la capacidad de Canarias para gestionar su propio litoral. El traspaso de competencias, contemplado en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 y materializado en 2023 con el traslado de medios, ha generado controversias jurídicas en varios expedientes relevantes.
Un conflicto histórico con el Estado
La gestión del litoral ha sido tradicionalmente uno de los focos de mayor tensión entre Canarias y la Administración General del Estado. Según el consejero, el proceso de transferencia fue “limitado”, ya que el Estado se reservó diversos expedientes en tramitación.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Hotel Riu Oliva Beach Resort, situado en el entorno de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura. En 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica declaró la caducidad de la concesión y ordenó la retirada de las instalaciones del dominio público marítimo-terrestre tras detectar obras que excedían la legalidad.
El Ejecutivo autonómico defendió que la competencia para resolver concesiones corresponde a la comunidad autónoma, pero el Tribunal Constitucional avaló la actuación del Estado. Pese a este revés judicial, el Gobierno canario sostiene que existen fundamentos jurídicos suficientes para desarrollar un marco normativo propio, apoyándose en precedentes que reconocen competencias autonómicas en ordenación del litoral vinculadas al urbanismo.
Soluciones para construcciones afectadas
La futura ley también abordará la situación de cientos de edificaciones afectadas por la normativa estatal de Costas. La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas agrupa a propietarios cuyas viviendas o negocios se encuentran en situación irregular según la legislación vigente.
Desde el Ejecutivo regional se insiste en que “en la gran mayoría de los casos existen soluciones”, ya sea mediante la consolidación de derechos adquiridos o la reposición ordenada de infraestructuras. En enclaves como Tufia, en Gran Canaria, el Gobierno considera que el alto valor patrimonial y paisajístico permitiría conservar la mayoría de las viviendas.
No obstante, se reconoce que en determinadas zonas será necesario actuar sobre la primera línea del litoral, especialmente en aquellos espacios donde el riesgo ambiental o la regresión costera sea significativo.
El desafío del cambio climático
La adaptación al cambio climático constituye uno de los ejes centrales de la nueva ley. Estudios del programa PIMA Adapta-Costas señalan que, para el año 2050, hasta 788 personas podrían verse afectadas por procesos de inundación en Canarias. Las pérdidas económicas podrían alcanzar los 920 millones de euros ese año y ascender hasta los 5.000 millones en 2100.
Entre las zonas más vulnerables se encuentran áreas del norte de Tenerife y Gran Canaria, así como infraestructuras estratégicas ubicadas en cotas bajas, como los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura. La subida del nivel del mar obligará, según el Ejecutivo, a replantear infraestructuras y planificaciones urbanísticas en las próximas décadas.
“Debemos anticiparnos con planificación, inversión y seguridad jurídica”, señalan desde el departamento de Obras Públicas. La ley buscará integrar criterios de sostenibilidad, resiliencia y adaptación climática en la ordenación del litoral.
Un elemento de identidad y desarrollo económico
El Gobierno de Canarias subraya que el litoral no solo es un espacio ambientalmente sensible, sino también un motor económico y un elemento clave de la identidad del Archipiélago. Turismo, pesca, ocio y actividades portuarias dependen en gran medida de una gestión equilibrada de la costa.
Con esta nueva normativa, el Ejecutivo aspira a dotar a Canarias de un marco estable que permita proteger el medio ambiente, garantizar derechos y facilitar la actividad económica compatible con la sostenibilidad.
La tramitación del anteproyecto comenzará en los próximos meses, abriendo un proceso de participación y consulta con administraciones, colectivos sociales y sectores económicos implicados.