El Estado ha decidido poner fin a su colaboración en los traslados de menores tutelados por la comunidad autónoma y obligar al Gobierno de Canarias a asumir plenamente esta competencia. A partir del 1 de febrero, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dejarán de prestar apoyo en estos desplazamientos, que pasarán a ser gestionados exclusivamente por el Ejecutivo regional y la Policía Canaria.
La decisión se fundamenta en que la tutela de los menores no acompañados es una competencia autonómica, por lo que el Estado considera que no debe seguir asumiendo funciones operativas que no le corresponden legalmente. Hasta ahora, la intervención de las fuerzas estatales había servido como refuerzo ante la saturación del sistema de protección de menores en Canarias, especialmente tras el aumento de llegadas por la ruta migratoria atlántica.
Con este cambio, el Gobierno canario deberá hacerse cargo de la logística, custodia y seguridad de los traslados, tanto entre centros como entre islas, utilizando medios propios. La medida llega en un momento especialmente sensible, marcado por la falta de recursos, la presión asistencial y la sobreocupación de los centros de acogida, una situación que el propio Ejecutivo regional ha denunciado en reiteradas ocasiones.
La retirada del apoyo estatal reabre el debate sobre el reparto de responsabilidades entre administraciones, así como sobre la necesidad de una mayor coordinación y financiación para garantizar una atención digna y adecuada a los menores tutelados. Desde distintos ámbitos se advierte de que esta decisión podría incrementar las dificultades operativas del sistema autonómico si no se refuerzan los medios humanos y materiales disponibles.
Mientras tanto, el Gobierno de Canarias deberá reorganizar sus dispositivos para cumplir con esta obligación, en un contexto en el que continúa reclamando al Estado y a la Unión Europea soluciones estructurales para la gestión de los menores migrantes no acompañados.