El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria volvió a colocar sobre la mesa uno de los principales retos que afronta Fuerteventura: cómo gestionar su crecimiento sin comprometer el territorio, los servicios públicos y la calidad de vida de la población. Durante las sesiones celebradas esta semana en el Parlamento de Canarias, representantes de Asamblea Majorera – Coalición Canaria Fuerteventura defendieron la necesidad de estudiar con rigor cuál es el límite sostenible de desarrollo de la isla.
La iniciativa fue respaldada por el diputado Mario Cabrera y las parlamentarias Natalia Évora y Jana González, quienes impulsaron una propuesta orientada a que la capacidad de carga de cada isla se convierta en un elemento clave en la planificación futura del archipiélago. El objetivo es que tanto las decisiones públicas como privadas se basen en criterios técnicos que permitan equilibrar el desarrollo económico con la protección del territorio.
Durante el debate parlamentario, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció la importancia de abordar el crecimiento demográfico y turístico que experimentan territorios como Fuerteventura, comprometiéndose a estudiar la propuesta planteada desde la representación majorera.
Mario Cabrera destacó que el ritmo de crecimiento registrado en los últimos años hace imprescindible abrir una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo de la isla. Según explicó, la industria turística debe seguir siendo un motor económico, pero siempre garantizando la conservación del paisaje, la identidad majorera y una mejor distribución de la riqueza generada.
El dirigente recordó además que desde Asamblea Majorera – Coalición Canaria se han promovido históricamente iniciativas para proteger el territorio, entre ellas la paralización de proyectos turísticos en el Saladar de Jandía o la eliminación de decenas de miles de nuevas plazas alojativas en planes urbanísticos anteriores.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, también participó en una de las jornadas del debate y subrayó que el análisis de la capacidad de carga de la isla es una cuestión prioritaria. Desde la institución insular y desde la Federación Canaria de Islas (FECAI) se viene reclamando que el crecimiento se planifique con criterios de sostenibilidad para garantizar infraestructuras, servicios públicos y bienestar social.
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, coincidió en la necesidad de estudiar la evolución demográfica de la isla y avanzar en una planificación coordinada entre administraciones que permita ordenar el desarrollo futuro de Fuerteventura.
El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, valoró que el debate en el Parlamento refleje una preocupación que desde hace tiempo existe en la isla. Según señaló, resulta fundamental adoptar medidas que permitan evitar un crecimiento desordenado que termine afectando al territorio y a la calidad de vida de la ciudadanía.
Además del análisis sobre la capacidad de carga de las islas, el Debate de la Nacionalidad Canaria permitió aprobar distintas resoluciones relacionadas con la mejora de la sanidad, el impulso a la innovación, la gestión de residuos, la seguridad y el refuerzo de los servicios sociales.
Entre las medidas sanitarias destacan iniciativas para reducir las listas de espera, fortalecer la atención primaria y avanzar en nuevas infraestructuras sanitarias, como el Centro de Atención de Especialidades de La Lajita. También se plantearon mejoras en el transporte sanitario mediante la incorporación de ambulancias sanitarizadas.
En el ámbito tecnológico se puso en valor el potencial del Parque Tecnológico de Fuerteventura como motor de innovación y desarrollo económico. Asimismo, se respaldaron propuestas para reforzar la transición energética y mejorar la gestión de residuos dentro del Plan Integral de Residuos de Canarias, apostando por la economía circular.
En materia de seguridad, el Parlamento apoyó el despliegue de la Policía Canaria en todas las islas y la creación de nuevas infraestructuras policiales. También se planteó impulsar cambios en la legislación estatal para garantizar servicios veterinarios de urgencia disponibles las 24 horas.
Las resoluciones aprobadas también incluyeron medidas destinadas a mejorar la atención a personas mayores y dependientes, ampliar la red de infraestructuras sociosanitarias y facilitar el acceso a prestaciones sociales. Entre ellas figura el desarrollo del tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias y el fortalecimiento de programas de autonomía personal.
El debate parlamentario también sirvió para avanzar en la consolidación de la Renta Canaria de la Ciudadanía, reforzar los programas de integración social y mejorar la atención a colectivos vulnerables, incluyendo menores migrantes no acompañados.
Finalmente, se abordaron iniciativas relacionadas con el envejecimiento activo, facilitando la participación de las personas mayores de las islas no capitalinas en los viajes del IMSERSO mediante ayudas que compensen los costes adicionales del desplazamiento.