La Audiencia Provincial de Barcelona ha determinado que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife (CIATF) tiene derecho a recibir una indemnización de casi 3 millones de euros, derivados de la resolución del contrato con la concesionaria del suministro eléctrico, la empresa Aura Energía.
El fallo judicial reconoce al organismo autónomo un privilegio general por valor de algo más de 1,4 millones de euros y otro ordinario por una cantidad similar, en el marco del incidente concursal de la compañía, al considerar que existió un “incumplimiento culpable” del contrato firmado en noviembre de 2019.
Un contrato que no llegó a su término
El acuerdo suscrito el 5 de noviembre de 2019 establecía que la empresa debía suministrar energía para el servicio de aguas insular durante un periodo inicial de dos años, prorrogable hasta cuatro, con vencimiento previsto el 31 de diciembre de 2021.
Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, la compañía comunicó su intención de ampliar el contrato doce meses más, aunque posteriormente informó de su resolución y del traspaso del suministro a otra adjudicataria, alegando dificultades para mantener sus obligaciones.
Pérdidas económicas y ruptura del contrato
La empresa justificó la cancelación del contrato en las pérdidas económicas derivadas del incremento del precio de la energía, ya que el suministro se realizaba a precio fijo.
Además, rechazó abonar indemnización alguna al considerar que no existía relación causal entre su decisión y los daños alegados por el Cabildo.
No obstante, un tribunal mercantil dio la razón al Consejo Insular de Aguas, reconociendo su derecho a percibir compensación, al igual que el resto de acreedores en el procedimiento concursal.
El proceso judicial y la fijación de la indemnización
En diciembre de 2021 se declaró el concurso de la empresa, circunstancia que fue comunicada al Cabildo en enero. Posteriormente, el CIATF inició los trámites para reclamar las deudas y evaluar los daños, aunque el procedimiento fue archivado en abril de 2022 por incumplimiento de plazos.
Finalmente, el Consejo dio por terminada la relación contractual en julio y fijó los daños en 2,9 millones de euros, cifra que fue rechazada por la empresa, que insistía en que solo un juez podía determinar dicha indemnización.
La legislación respalda al Cabildo
La normativa vigente establece que, en caso de resolución de un contrato público por incumplimiento de la adjudicataria, procede el pago de una indemnización por los daños causados, en la cuantía que exceda la garantía incautada.
En este sentido, se recoge que el CIATF era el órgano competente para resolver el contrato y fijar la indemnización, si bien esta comunicación a la autoridad concursal se realizó fuera de plazo.
Una resolución que confirma el derecho a indemnización
Con esta decisión, la Audiencia Provincial de Barcelona avala la actuación del Consejo Insular de Aguas y confirma su derecho a percibir la indemnización, en un caso que pone de relieve las consecuencias del incumplimiento contractual en el ámbito público y energético.