La Comisión de Vivienda de Canarias ha informado favorablemente sobre el proyecto de decreto que regula el programa “Hipoteca Joven – Mi Primera Vivienda de Canarias”, una medida impulsada por el Gobierno autonómico para facilitar el acceso a la vivienda a la población joven del archipiélago.
El órgano, presidido por la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, ha valorado positivamente esta iniciativa dirigida a personas de hasta 40 años, que permitirá financiar hasta el 95% del valor de la vivienda, superando el límite habitual del 80% que ofrecen las entidades financieras.
Un paso clave para facilitar la primera vivienda
El respaldo de la Comisión supone un avance importante en la tramitación de este programa, que busca dar respuesta a uno de los principales problemas de la población joven: el acceso a una vivienda digna.
Los miembros del órgano han destacado la oportunidad de la medida y su alineación con las políticas públicas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos con mayores dificultades.
El siguiente paso será la emisión del informe preceptivo por parte de los Servicios Jurídicos, tras lo cual el expediente se elevará al Consejo de Gobierno para su valoración y la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo.
Avances en vivienda pública: realojo en Los Realejos
Durante la misma sesión, la Comisión aprobó por unanimidad la adjudicación del realojo de 20 viviendas en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) “Los Príncipes”, en el municipio de Los Realejos.
Esta actuación permitirá mejorar las condiciones habitacionales de las familias afectadas, avanzando en la reposición de viviendas y dando respuesta a situaciones residenciales complejas mediante la colaboración entre administraciones públicas, en este caso con el Ayuntamiento de Los Realejos.
Un órgano clave en la política de vivienda
La Comisión de Vivienda es el principal órgano de participación y consulta en materia de vivienda en Canarias. Entre sus funciones destacan la elaboración de propuestas, la evaluación de planes y programas y la definición de criterios en la adjudicación de vivienda protegida.
Está integrada por representantes del Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, así como por colegios profesionales, sectores de la promoción y la construcción, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores y otros agentes sociales.