Francisco Rodríguez Pulido
Presidente de la Asociación Tierra Bonita
Han pasado ya más de cuatro años desde aquel 19 de septiembre de 2021 que partió en dos la historia reciente de La Palma y, de manera especialmente dolorosa, la del Valle de Aridane. La erupción volcánica no solo sepultó viviendas, fincas y carreteras; también enterró certezas, proyectos de vida y una parte esencial de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Hoy, cuando desde los despachos se habla de “normalidad” y de una supuesta “reconstrucción avanzada”, conviene detenerse, mirar alrededor y formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿dónde está, realmente, la recuperación del Valle de Aridane?
Desde el primer momento se habló de “recuperar La Palma”, como si el impacto hubiera sido homogéneo en toda la isla. Ese enfoque fue, y sigue siendo, un error de base. El volcán —me niego a darle nombre— afectó física y humanamente a tres municipios y fracturó el Valle de Aridane en dos. Por eso, lo que debe situarse en el centro del debate no es una recuperación genérica de La Palma, sino la recuperación social y económica del Valle de Aridane. No es lo mismo, ni puede abordarse de la misma manera.
Antes de la erupción, el Valle era uno de los principales motores económicos y sociales de la isla. Agricultura —con el plátano como eje—, pequeño comercio, turismo rural y servicios conformaban un ecosistema frágil, sí, pero dinámico y vivo. La erupción rompió ese equilibrio de forma abrupta.
Cuatro años después, la fractura social sigue abierta. Miles de personas continúan sin un proyecto de vida estable: familias desplazadas, agricultores sin tierras, autónomos que nunca pudieron reabrir y jóvenes que han optado por marcharse ante la ausencia de oportunidades. La pérdida no ha sido solo material; ha sido también demográfica, emocional y comunitaria.
Desde el punto de vista económico, el Valle no ha recuperado ni el pulso ni la diversidad productiva que tenía. La agricultura sigue lastrada por la pérdida de suelo fértil y el encarecimiento de los costes. El comercio local sobrevive de manera desigual, muy dependiente del consumo interno, mientras que el turismo, lejos de consolidarse como una alternativa sólida, continúa condicionado por la falta de infraestructuras y de planificación real.
El resultado es un Valle más vulnerable, más dependiente y más desigual, donde la recuperación se percibe más en los discursos oficiales que en la vida cotidiana. No existe un rumbo claro, ni un liderazgo definido, ni una planificación integral, ni una partida presupuestaria única destinada a la recuperación del Valle de Aridane. En cambio, se sigue utilizando —y abusando— políticamente del sufrimiento de las personas afectadas.
Desde Tierra Bonita mantenemos una posición firme de cara a 2026. En primer lugar, es imprescindible reconocer que la erupción fue mucho más que un fenómeno natural: fue una auténtica catástrofe humanitaria. Confiamos en que en 2026 salgan a la luz las actas y grabaciones de las reuniones de los científicos y gestores del Plan de Emergencias (PEVOLCA). Porque fue un plan que fracasó: no hubo previsión, no hubo avisos adecuados, no hubo evacuación previa, y la gestión de la emergencia se limitó a apartar a las personas de aquello que más amaban, después de sus seres queridos: sus casas, sus fincas y su patrimonio.
Es innegable que se han movilizado importantes recursos económicos. Lo que seguimos sin saber es cuánto exactamente y cómo se han repartido. Ayudas directas, subvenciones compensatorias, planes extraordinarios y anuncios de inversión se han sucedido desde 2021, junto a actuaciones difícilmente justificables —como el muelle de La Bombilla, la desaladora o el tubo por la fajana—.
Todo ese volumen de fondos nunca ha sido sometido a una auditoría pública ni a una evaluación independiente. El problema no ha sido solo cuánto dinero se ha destinado, sino cómo, cuándo y para quién. Las compensaciones han llegado tarde, fragmentadas y sin una planificación clara. Sin transparencia ni control público, como obliga la ley. La burocracia se ha convertido en un segundo desastre para quienes ya lo habían perdido todo. A día de hoy, aún hay afectados que no han recibido las compensaciones completas o que viven atrapados en una incertidumbre administrativa permanente.
En materia de empleo, las cifras oficiales se apoyan en contratos temporales ligados a la emergencia o a obras concretas, sin que se haya generado un tejido laboral estable y con futuro. El apoyo al tejido productivo ha sido irregular y, en muchos casos, desconectado de las necesidades reales del territorio.
Los llamados “nuevos ejes de inversión” —innovación, sostenibilidad, transición ecológica— suenan bien sobre el papel, pero no se traducen en mejoras visibles en el día a día del Valle. Falta una visión integral que conecte ayudas, empleo, vivienda y desarrollo económico real. La participación es inexistente y el rumbo, profundamente inquietante. Mientras tanto, las escuelas apenas se mencionan, porque ahora se presenta como prioritario un campus universitario.
La reconstrucción se ha llevado al terreno que más conviene a las administraciones: la obra pública sin proyecto claro, sin contratos transparentes, sin títulos habilitantes notificados y con costes cada vez más inasumibles. El caso del cementerio es paradigmático: adjudicaciones fallidas, empresas que no cumplen y soluciones improvisadas.
Si hay un ámbito donde la distancia entre el discurso y la realidad resulta más hiriente es el de la reconstrucción física y social. Se han abierto carreteras, sí, pero con proyectos sobredimensionados, inversiones sin control financiero y ejecuciones que no resisten el mínimo rigor técnico. La conexión La Laguna–Las Norias era necesaria, sin duda, pero su diseño —ancho desproporcionado, rotondas absurdas, trazado injustificado y asfaltado deficiente— la convierte en un símbolo del fracaso.
Pero la reconstrucción no puede reducirse al asfalto. Las carreteras sirven para ir a algún sitio, pero ¿a dónde van quienes no tienen casa? La ausencia casi total de soluciones habitacionales definitivas es uno de los mayores fracasos del proceso. Cuatro años después, demasiadas personas siguen en viviendas provisionales, alquileres forzados o situaciones de precariedad encubierta. No existe un plan de vivienda claro, transparente y consensuado para los afectados. La mayoría ha tenido que buscar soluciones por sus propios medios.
Esta realidad alimenta una precariedad cronificada, con consecuencias directas sobre la salud mental, la cohesión social y la confianza institucional. La reconstrucción material avanza lentamente; la reconstrucción humana, apenas ha comenzado.
La sociedad civil ha sido marginada. La participación es nula y el liderazgo, inexistente. El Consejo para la Recuperación de La Palma no se convoca. Las solicitudes de información de Tierra Bonita reciben silencio administrativo o expedientes vacíos. Este modelo vertical, opaco y poco democrático toma decisiones lejos del territorio y de quienes lo habitan. Y sin participación, no hay recuperación.
Hablar de deseos para 2026 no es ingenuidad, es responsabilidad. El Valle de Aridane no necesita más promesas, sino verdad, transparencia, participación y justicia social.
Se anuncian declaraciones de zonas de protección que, para muchos, suponen una condena. Porque lo importante no es proteger coladas, tubos o formaciones geomorfológicas, sino proteger y cuidar a las personas. Esa llamada “zona roja” pertenece a quienes la habitan y la poseen, y su voz debe ser la primera en ser escuchada. La ciencia brilló por su ausencia, y la geoética también.
Nuestro deseo —y exigencia— es claro: una recuperación centrada en las personas, una política de vivienda real y urgente, un modelo económico diversificado y sostenible, y una gobernanza abierta donde la sociedad civil tenga voz y capacidad de decisión. Y, sobre todo, transparencia y certezas sobre lo que se hace en las coladas.
Desde Tierra Bonita confiamos en que 2026 sea el año en que lleguen sentencias, e incluso imputaciones. Nos han empujado a acudir a la Justicia. Existen varios frentes jurídicos abiertos: el más relevante, el de las actas y grabaciones; pero también los relacionados con la transparencia en las subvenciones y la anulabilidad del decreto de exclusión. En 2026 debe ganar la sociedad civil.
Porque la recuperación que nunca llega no es solo un problema de gestión: es una cuestión de dignidad colectiva. Y el tiempo, para el Valle de Aridane, hace ya mucho que dejó de ser un aliado.