La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha mostrado su respaldo a las cofradías de pescadores de la isla y del conjunto de Canarias ante el rechazo generalizado a la reciente modificación del Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea. Según advierten los profesionales del sector, estas nuevas medidas ponen en serio riesgo la supervivencia de la pesca artesanal y costera, principal sustento de numerosas familias del Archipiélago.
La Federación Regional de Cofradías de Pescadores, junto con las federaciones provinciales, ha denunciado que el Reglamento (UE) 2023/2842 impone obligaciones que comprometen gravemente la viabilidad de la flota de bajura y costera, que concentra la mayor parte de la actividad pesquera en Canarias.
Entre las medidas más controvertidas se encuentran la obligación de notificar la llegada a puerto con cuatro horas de antelación, incluso para embarcaciones que faenan a escasos minutos de la costa, así como la exigencia de registrar las capturas desde el denominado “kilogramo cero”. Según las cofradías, estas exigencias generan inseguridad jurídica, incrementan el riesgo de accidentes y pueden afectar negativamente a la seguridad marítima.
Para la presidenta insular, estas disposiciones “demuestran un desconocimiento total de la realidad de nuestro sector pesquero tradicional y de proximidad”.
En este sentido, Lola García ha subrayado que “desde el Cabildo de Fuerteventura nos situamos, como siempre, del lado de los profesionales de la pesca y pedimos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que atienda sus demandas y defienda al sector pesquero ante la Comisión Europea para poner fin a este atropello a la pesca artesanal y costera de Canarias”.