La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha mostrado su apoyo a la proposición de Ley de Cabildos que actualmente tramita el Parlamento de Canarias, durante su intervención en la Comisión General de Cabildos insulares, foro en el que también se abordaron asuntos estratégicos como la modificación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias.
Una ley para actualizar el marco jurídico insular
Según explicó García, la nueva Ley de Cabildos es necesaria para adaptar el marco normativo a la realidad actual del Archipiélago y reforzar la capacidad de gestión de las instituciones insulares.
“La ley viene a actualizar el marco legal de las islas, permitiendo que el Estatuto de Autonomía tenga consecuencias reales en nuestra capacidad de gestión como cabildos”, señaló.
La presidenta recordó que los cabildos insulares cuentan con competencias atribuidas directamente por el Estatuto de Autonomía de Canarias y que esta reforma permitirá aplicar el mismo régimen jurídico que la administración autonómica en el desarrollo de dichas competencias.
En la actualidad, los cabildos gestionan áreas fundamentales como la ordenación del territorio, el transporte terrestre, los servicios sociales y políticas de igualdad, la gestión de espacios naturales protegidos o la conservación del patrimonio histórico, entre otras materias.
“Esta responsabilidad exige que contemos con herramientas adecuadas para desarrollar nuestras competencias con eficacia”, subrayó García, quien añadió que el Cabildo de Fuerteventura apoyará la reforma desde una posición constructiva, trabajando en el diálogo, el rigor técnico y la coherencia institucional.
Energía: límites claros y planificación insular
Durante la Comisión también se debatió el decreto-ley 1/2026 que modifica la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. En este punto, Fuerteventura volvió a defender una planificación energética adaptada a la capacidad real de cada isla y a su modelo territorial.
García insistió en que el Cabildo ha advertido desde el inicio sobre los riesgos de una implantación energética sin límites claros ni planificación insular específica, especialmente en un territorio frágil como Fuerteventura, que soporta una presión de proyectos superior a la media del Archipiélago.
Si bien el nuevo decreto introduce avances respecto al modelo anterior y establece ciertos límites y filtros, la presidenta considera que aún es necesario seguir perfilando la propuesta. En su opinión, la norma no devuelve la competencia plena a los cabildos en materia de planificación energética ni fija límites insulares al número de proyectos.
“La planificación energética debe abordarse con criterios técnicos y objetivos. No podemos permitir que, a través de vías extraordinarias, Fuerteventura sea saturada de norte a sur con infraestructuras energéticas, con el impacto paisajístico y medioambiental que ello supone”, concluyó.
Con estas declaraciones, el Cabildo de Fuerteventura reafirma su apuesta por un marco jurídico más sólido para las instituciones insulares y por un modelo energético equilibrado, respetuoso con el territorio y adaptado a las singularidades de cada isla.