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Según la información recabada, las multas habrían sido eliminadas sin seguir el procedimiento legal establecido, es decir, sin expediente administrativo ni resolución formal que justificara su anulación. Estas irregularidades fueron detectadas tras una revisión interna del propio consistorio.
El origen de la investigación se sitúa en una auditoría encargada por el actual alcalde de Arrecife, Yonathan de León, quien ordenó revisar el sistema de gestión de sanciones tras detectar posibles anomalías.
El informe técnico, elaborado por una empresa externa especializada, reveló que numerosas multas habían sido eliminadas directamente desde el sistema informático municipal sin cumplir los requisitos legales. Ante estos hechos, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento decidió trasladar el caso a la Fiscalía.
Las diligencias abiertas apuntan, en una primera fase, a la posible implicación de siete trabajadores municipales, algunos pertenecientes a distintos departamentos del Ayuntamiento e incluso uno de ellos ya jubilado.
Los hechos podrían constituir delitos graves como:
La investigación trata de esclarecer si existió una actuación coordinada para eliminar sanciones de forma irregular o si se trata de actuaciones individuales dentro de la administración.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el uso del sistema informático municipal para anular las multas:
Este último extremo ha llevado a que el propio Yonathan de León haya sido citado a declarar en calidad de testigo, con el objetivo de aclarar si tuvo conocimiento o participación en los hechos.
Otro de los puntos clave de la investigación es que las anulaciones no se habrían producido únicamente en la actual legislatura, sino que podrían remontarse a mandatos anteriores, lo que ampliaría considerablemente el alcance del caso.
Esto abre la puerta a una investigación más profunda sobre la gestión histórica del sistema de sanciones en el Ayuntamiento de Arrecife y posibles responsabilidades políticas en etapas previas.
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, explicó este miércoles que fue él quien ordenó en otoño pasado una investigación interna para determinar si existían anulaciones de sanciones de tráfico en los sistemas informáticos municipales sin los correspondientes expedientes, realizadas durante anteriores mandatos.
Según detalla, a través de una providencia de Alcaldía se impulsó la elaboración de un informe exhaustivo con el objetivo de identificar a las personas que habrían anulado dichas sanciones sin seguir los procedimientos establecidos.
El regidor, que además es responsable directo de la Policía Local, señaló que su intención era esclarecer si se habían producido actuaciones contrarias a la normativa vigente en etapas anteriores. Para ello, se solicitó a la empresa encargada del sistema informático municipal la realización de una auditoría detallada.
Finalmente, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento —adscrita a la Alcaldía— fue la encargada de remitir el contenido del informe a la Fiscalía, que ha decidido incoar diligencias para investigar lo ocurrido.
La Fiscalía continúa analizando la documentación remitida, incluyendo:
En función de los resultados, el caso podría derivar en un procedimiento judicial de gran alcance en Lanzarote.
La anulación de estas sanciones supone un perjuicio económico para las arcas municipales de 575.000 euros, además de poner en cuestión los mecanismos de control interno del Ayuntamiento.
El caso ha generado gran repercusión en Lanzarote, tanto por el volumen de multas afectadas como por la posible implicación de personal público.
La investigación sigue en curso y será la autoridad judicial la que determine si existieron responsabilidades penales en este caso que ya sacude la actualidad política y administrativa de Arrecife.