El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha iniciado el expediente para la derogación de la Ordenanza reguladora de ayudas al alquiler, aprobada el 24 de agosto de 2020, en una medida orientada a actualizar la normativa municipal y mejorar su adecuación al contexto actual.
La decisión responde a la necesidad de adaptar el marco regulador local tras la entrada en vigor, en 2025, de la nueva Ordenanza General de Subvenciones, lo que ha motivado una revisión de las disposiciones vigentes en materia de ayudas públicas.
Una normativa que ya no se ajusta a la realidad actual
Los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Ayuntamiento concluyen que la ordenanza de 2020 ha quedado parcialmente desfasada, al no responder plenamente a las condiciones actuales del municipio ni al contexto económico y social.
Además, la coexistencia de distintas normativas sobre una misma materia puede generar solapamientos, contradicciones e inseguridad jurídica, dificultando la correcta aplicación de las ayudas.
En este sentido, la derogación se plantea como una herramienta para simplificar el marco normativo y hacerlo más coherente y eficaz.
Mejora de la gestión y seguridad jurídica
El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha explicado que esta actuación busca modernizar la regulación municipal.
“El objetivo es adaptar la normativa para garantizar una gestión más eficaz y acorde al marco legal vigente”, señaló.
Con esta medida, el consistorio pretende optimizar los procedimientos administrativos, reducir posibles conflictos normativos y reforzar la seguridad jurídica tanto para la administración como para la ciudadanía.
Las ayudas al alquiler seguirán vigentes
Desde el área de Vivienda se ha querido aclarar que la derogación de la ordenanza no implica la eliminación de las ayudas al alquiler.
La concejala Toñi Fernández Aragón destacó que:
“La derogación de la ordenanza no conlleva cambios en las bases reguladoras de las ayudas al alquiler. Son procedimientos independientes”.
De este modo, las ayudas continuarán aplicándose con normalidad, evitando así cualquier impacto directo sobre los beneficiarios.
Una adaptación necesaria a los cambios legales
La iniciativa forma parte del proceso de actualización normativa del Ayuntamiento, que busca adaptar su funcionamiento a los cambios legislativos recientes y a las nuevas demandas sociales.
El objetivo final es disponer de un marco más claro, eficiente y ajustado a la realidad actual, que permita mejorar la gestión de las políticas públicas en materia de vivienda.