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La Operación Seabass se salda con cinco personas investigadas tras el robo sistemático de lubinas en una piscifactoría de Castillo del Romeral y su presunta distribución ilegal en restaurantes del sur de la isla. Los análisis confirmaron la presencia de una peligrosa neurotoxina marina en ejemplares de pejerrey localizados en un establecimiento de Mogán. El perjuicio económico acreditado para la empresa afectada asciende a 172.188,69 euros.
La Guardia Civil ha destapado una presunta trama dedicada al robo sistemático de pescado procedente de una piscifactoría de Gran Canaria y a su posterior comercialización clandestina en establecimientos de restauración. La investigación, desarrollada bajo el nombre de Operación Seabass, ha puesto al descubierto no solo los daños económicos ocasionados a la empresa perjudicada, sino también un importante riesgo para la seguridad alimentaria tras detectarse ciguatoxinas en muestras de pescado intervenidas durante las inspecciones sanitarias.
Según la información facilitada por la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, los hechos se venían produciendo desde mayo de 2026 en las instalaciones marinas situadas en Castillo del Romeral, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana. La actuación policial culminó con cinco personas investigadas, aunque ninguna de ellas fue detenida.
Las pesquisas comenzaron en agosto, después de que la empresa afectada presentara una denuncia formal por los constantes robos de pescado y los daños detectados en las redes de sus viveros marinos.
Para esclarecer los hechos, los investigadores contaron con un dosier de seguimiento elaborado previamente por encargo de la propia empresa. La documentación aportada permitió orientar las pesquisas y avanzar en la identificación de las personas presuntamente implicadas.
Los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil constataron la existencia de un grupo organizado compuesto por tres personas que, presuntamente, actuaba de forma coordinada para acceder a las instalaciones y sustraer ejemplares de lubina de gran tamaño.
La investigación permitió reconstruir el procedimiento que supuestamente utilizaban para capturar el pescado y sacarlo de las instalaciones sin autorización.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos utilizaban dos embarcaciones semirrígidas para aproximarse a las jaulas marinas de la piscifactoría.
Mientras uno de los integrantes realizaba labores de vigilancia en la superficie, los otros dos se sumergían equipados con fusiles de pesca submarina para capturar las lubinas. Para acceder al pescado, presuntamente perforaban las redes de los viveros a casi dos metros de profundidad.
Una vez obtenidos los ejemplares, el pescado era transportado por carretera para su posterior distribución clandestina en establecimientos de restauración situados en zonas costeras del sur de Gran Canaria.
Este procedimiento habría permitido mantener durante meses una actividad ilícita que ocasionó pérdidas económicas a la empresa propietaria de las instalaciones y daños materiales en sus infraestructuras.
La fase de explotación de la Operación Seabass comenzó el 22 de septiembre, con una actuación coordinada entre la Guardia Civil, el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias.
Durante las inspecciones técnico-sanitarias realizadas en los establecimientos identificados, los agentes retiraron inmediatamente del mercado un total de 40,2 kilos de lubina de procedencia ilícita.
El pescado intervenido carecía de etiquetado, facturas y documentación que permitiera acreditar su origen y garantizar su trazabilidad.
Esta circunstancia impedía verificar adecuadamente la procedencia de los ejemplares y comprobar que el producto había seguido los controles exigidos para su comercialización y consumo.
La actuación permitió sacar del circuito comercial pescado presuntamente sustraído y sin las garantías documentales necesarias, en el marco de una investigación que también terminó poniendo el foco en un problema de mayor gravedad: la posible exposición de los consumidores a una toxina marina peligrosa.
El episodio más grave desde el punto de vista sanitario se produjo en uno de los establecimientos inspeccionados en el municipio de Mogán.
Allí, los agentes localizaron ejemplares de pejerrey cuyo origen no estaba justificado, junto a las lubinas presuntamente sustraídas de la piscifactoría.
Al tratarse de una especie sometida a controles oficiales relacionados con la presencia de ciguatoxinas, se remitieron muestras biológicas con carácter urgente al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los resultados de laboratorio confirmaron la presencia de estas toxinas en las muestras analizadas.
La ciguatoxina es una neurotoxina marina asociada a determinadas intoxicaciones alimentarias por consumo de pescado contaminado. Su principal peligro radica en que no se destruye mediante la cocción ni desaparece por congelar el alimento, por lo que los métodos domésticos habituales de preparación no garantizan su eliminación.
El resultado de los análisis motivó la apertura de diligencias independientes por un presunto delito contra la salud pública relacionado con la dirección del establecimiento.
La Guardia Civil no concreta en la nota de prensa cuántas personas pudieron haber consumido pescado afectado ni informa de casos de intoxicación vinculados a estos hechos. Por tanto, la confirmación analítica de la toxina constituye un hallazgo sanitario relevante, pero no permite afirmar que se hayan producido daños personales.
La operación culminó a mediados de octubre con cinco personas investigadas, ninguna detenida.
Tres de ellas están señaladas como presuntas autoras materiales de los robos con fuerza en la piscifactoría. Las otras dos, vinculadas a establecimientos de restauración situados en Puerto Rico y Playa de Mogán, son investigadas por presunta receptación, al considerar los investigadores que habrían adquirido mercancía de procedencia ilícita para obtener un beneficio económico.
La persona que figura al frente del establecimiento inspeccionado en Mogán afronta, además, las diligencias independientes relacionadas con el presunto delito contra la salud pública.
Por otra parte, los indicios y datos de filiación recopilados sobre un tercer establecimiento, situado en San Agustín, fueron trasladados a la autoridad judicial ante las sospechas documentadas de descargas de pescado sin la correspondiente documentación.
La información facilitada por la Guardia Civil no detalla el resultado de un eventual procedimiento judicial posterior. Las responsabilidades penales deberán determinarse conforme avance el procedimiento y, en su caso, mediante resolución judicial.
La investigación también ha permitido cuantificar el impacto económico de los hechos sobre la empresa perjudicada.
Según la Guardia Civil, el perjuicio total acreditado asciende a 172.188,69 euros, una cantidad que incluye tanto los daños ocasionados en las instalaciones como el valor del producto sustraído.
La cifra refleja el impacto de una actividad que, además de afectar directamente a la explotación acuícola, habría introducido pescado de procedencia ilícita en el circuito de comercialización de alimentos.
La operación ha requerido la colaboración de distintos organismos, tanto para esclarecer los robos como para comprobar las condiciones sanitarias de los productos localizados en los establecimientos investigados.
Tras estos hechos, la Guardia Civil y el Gobierno de Canarias han advertido del riesgo que puede suponer adquirir o consumir productos pesqueros fuera de los canales legales de comercialización.
La ausencia de documentación, etiquetado y trazabilidad dificulta comprobar el origen del pescado y verificar que se han aplicado los controles sanitarios correspondientes.
Por ello, las autoridades recuerdan que los productos pesqueros destinados al consumo deben contar con la identificación y la trazabilidad exigidas por la normativa alimentaria.
Estas garantías resultan fundamentales para proteger la salud pública, detectar posibles riesgos y evitar que productos sin controles adecuados lleguen a los consumidores.
La Operación Seabass deja así dos aspectos destacados: el presunto robo continuado de lubinas en una piscifactoría de Gran Canaria, con un perjuicio económico superior a los 172.000 euros, y la confirmación de ciguatoxinas en pescado intervenido durante las inspecciones sanitarias.
Una investigación que pone de relieve la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los servicios de inspección pesquera y las autoridades sanitarias para combatir la comercialización ilegal y reforzar la seguridad alimentaria.
Fuente: Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, nota de prensa de la Operación Seabass, de 28 de octubre de 2026.
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