La organización Asamblea Majorera–Coalición Canaria Fuerteventura celebró este jueves un Consejo Político Local en Puerto del Rosario centrado en el análisis del transporte público en la isla, abordando tanto su evolución reciente como los principales retos que enfrenta el sistema.
Durante el encuentro, el consejero de Transportes del Cabildo de Fuerteventura, Luis González, expuso los avances logrados en los últimos años, destacando especialmente el incremento significativo en el uso del transporte público terrestre. Según explicó, desde la implantación de la bonificación en enero de 2023 y hasta enero de 2026, se han tramitado más de 22.000 bonos de residente, lo que ha supuesto un aumento superior al 50% en la utilización del servicio.
González subrayó que este crecimiento responde a un cambio progresivo hacia un modelo de movilidad más sostenible, que permite reducir la presencia de vehículos en carretera, disminuir la huella de carbono y generar un ahorro directo para las familias. No obstante, también reconoció que este aumento de usuarios ha generado tensiones en el sistema, especialmente en determinadas líneas y franjas horarias con alta demanda.
En este sentido, explicó que estas dificultades coinciden con la finalización del contrato de concesión del servicio de transporte terrestre en la isla, lo que ha obligado a adaptar el proyecto de licitación previsto. Entre las medidas adoptadas se encuentra el incremento del número de vehículos que compondrán la futura flota, así como una reorganización de las líneas para mejorar su eficiencia y dar respuesta a las necesidades reales de la población residente.
Además, el consejero avanzó que se trabaja en la implantación de una línea de guaguas eléctricas que conectará Puerto del Rosario con Caleta de Fuste, iniciativa que se desarrollará gracias a financiación europea y que se enmarca dentro de la apuesta por la sostenibilidad y la modernización del transporte público.
En el ámbito económico, González puso el foco en las dificultades de financiación que atraviesa el sistema. Según indicó, el Cabildo de Fuerteventura destina en torno a 300.000 euros mensuales para sostener la gratuidad del transporte, mientras que las aportaciones del Estado resultan insuficientes y, en muchos casos, llegan con retraso. Asimismo, señaló que las cuantías asignadas se calcularon con datos de enero de 2023, quedando rápidamente desactualizadas ante el fuerte incremento de usuarios registrado en la isla.
Esta situación, advirtió, limita la capacidad de inversión en otras mejoras necesarias, especialmente en infraestructuras vinculadas al transporte. A pesar de ello, el Cabildo prevé una inversión próxima de 312.000 euros para la instalación de entre 12 y 14 nuevas marquesinas. Actualmente, Fuerteventura cuenta con unas 300 paradas de transporte regular, de las cuales 255 disponen de algún tipo de estructura de resguardo, mientras que alrededor de 45 aún carecen de ellas, una carencia que se pretende corregir antes de que finalice la legislatura.
Durante la reunión también se abordó la situación del sector del taxi. El consejero valoró el trabajo que vienen desarrollando los ayuntamientos de la isla, aunque señaló específicamente el caso de Antigua, donde las tarifas no se han actualizado en los últimos años. Según explicó, esta situación ha generado tensiones internas en el sector, especialmente en un contexto marcado por el incremento del precio del combustible y de los costes de mantenimiento.
Asimismo, indicó que el Cabildo continúa a la espera de la autorización del Ayuntamiento de Antigua para habilitar una parada de taxi con marquesina en el polígono, una solicitud presentada el pasado 1 de abril y que sigue pendiente de tramitación.
Por último, González destacó el papel de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, así como de los representantes parlamentarios, en las gestiones realizadas para reclamar una financiación más justa y adaptada a la realidad actual del transporte en islas como Fuerteventura y Lanzarote.
El Consejo Político Insular sirvió así como espacio de análisis y debate sobre uno de los servicios esenciales para la ciudadanía, poniendo de manifiesto tanto los avances logrados en materia de movilidad sostenible como los desafíos que aún deben afrontarse para garantizar un transporte público eficiente y adaptado al crecimiento de la demanda.