La Audiencia Provincial de Las Palmas descarta condenar pese a la gravedad de los hechos denunciados y la petición de 15 años de prisión y 60 000 euros de indemnización
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a un hombre acusado de agresión sexual continuada contra la hija de su pareja sentimental, una mujer con parálisis cerebral infantil y una discapacidad física del 98%, en un caso que vuelve a poner el foco en la complejidad probatoria de los delitos sexuales y en los límites del sistema judicial ante situaciones de extrema vulnerabilidad
Según recoge la sentencia, el tribunal concluye que la prueba practicada en el juicio no permite desvirtuar la presunción de inocencia, lo que impide dictar una condena pese a la gravedad de los hechos denunciados
Un relato de hechos en el ámbito familiar
Los hechos se habrían producido entre marzo y agosto de 2020, durante la convivencia en una vivienda de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana
La denunciante sostuvo que durante ese periodo fue víctima de múltiples actos de carácter sexual no consentidos, presuntamente cometidos por el acusado en el entorno doméstico
El contexto familiar y privado en el que se sitúan los hechos añade una dificultad clave
la ausencia de testigos directos y la dependencia casi exclusiva del testimonio de la víctima
La clave del fallo judicial
El procedimiento fue enjuiciado el pasado mes de marzo en la Sección Primera de la Audiencia, donde se practicaron pruebas testificales, periciales y documentales
- Durante la vista
- la víctima declaró con apoyo especializado, dada su situación de discapacidad
- Se analizaron informes médicos y psicológicos
- Se valoró su capacidad de consentimiento y comprensión
Sin embargo, el tribunal concluye que
no existe prueba suficiente que permita afirmar con certeza que los hechos ocurrieron tal y como fueron denunciados
Este punto resulta determinante, ya que en el ámbito penal rige un principio fundamental
toda condena exige prueba plena y concluyente más allá de toda duda razonable
Una petición de condena elevada
El Ministerio Fiscal consideraba acreditados los hechos y solicitaba una condena contundente
- 15 años de prisión
- Indemnización de 60 000 euros por daños morales
- Medidas de alejamiento y prohibición de comunicación
- Libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena
La distancia entre la petición fiscal y el fallo absolutorio evidencia una realidad recurrente en este tipo de procedimientos
la dificultad de sostener una acusación penal sin pruebas objetivas que respalden el relato
Vulnerabilidad y prueba, un equilibrio complejo
El caso ha generado especial impacto por la situación de la denunciante
una persona con un grado de discapacidad extremadamente elevado, lo que obliga a los tribunales a extremar las garantías
En este sentido, la justicia debe moverse en un terreno delicado
proteger a las posibles víctimas sin debilitar las garantías fundamentales del acusado
La sentencia refleja precisamente ese equilibrio
por un lado reconoce la especial vulnerabilidad de la denunciante
por otro insiste en que esa circunstancia no puede sustituir la necesidad de prueba suficiente
Un debate abierto
Este tipo de resoluciones reabre un debate de fondo
¿Está el sistema preparado para responder eficazmente a delitos sexuales en entornos privados y con víctimas vulnerables
La falta de pruebas directas, la dependencia de testimonios y la complejidad pericial hacen que muchos casos queden en una zona gris judicial donde la sospecha no es suficiente para condenar.
Situación actual
El acusado ha sido absuelto y queda libre de responsabilidad penal
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante instancias superiores.
Mientras tanto, el caso deja una conclusión incómoda pero relevante
la justicia penal no juzga certezas morales sino pruebas, y cuando estas no alcanzan el nivel exigido, incluso los casos más graves pueden terminar en absolución