El 42% reclama incentivos para incorporar al primer empleado mientras los costes se disparan y crece la desconfianza hacia las medidas estatales
El tejido autónomo de Canarias vuelve a dejar claro que su principal freno no es la falta de iniciativa, sino las dificultades estructurales para crecer. El 42,4% del colectivo considera prioritario contar con incentivos específicos para poder contratar a su primer empleado, una demanda que evidencia las limitaciones reales del ecosistema empresarial en el Archipiélago.
El informe, elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias y publicado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos en el Observatorio del Autónomo, dibuja una radiografía clara: vocación emprendedora sí, pero crecimiento condicionado. El 56,9% de los encuestados inició su actividad por el deseo de desarrollar un proyecto propio, reflejando el empuje del colectivo pese a las dificultades.
Prudencia generalizada y expectativas moderadas
Las perspectivas para 2026 están marcadas por la cautela. El 35,5% cree que su actividad se mantendrá estable, mientras que solo un 28% confía en crecer. Frente a ellos, un 22% ya anticipa un empeoramiento, lo que evidencia un contexto económico incierto.
Aunque el empleo se mantiene, la contratación sigue siendo uno de los principales obstáculos estructurales, frenada por costes y falta de incentivos eficaces.
Costes al alza y subida de precios generalizada
El incremento de gastos es otro de los grandes problemas. El 74,3% de los autónomos afirma que sus costes han aumentado en el último año, y más de la mitad sitúa ese incremento por encima del 10%.
Esta presión ha obligado al 76,6% a subir precios desde marzo de 2025, una tendencia que continuará durante 2026 según la mayoría del colectivo.
Críticas al Gobierno central y exigencias claras
La percepción de insuficiencia en las políticas estatales es prácticamente unánime. Casi 9 de cada 10 autónomos consideran que las medidas del Gobierno central son insuficientes o no se ajustan a su realidad.
Entre las principales demandas destacan: reducción de la burocracia (45,7%), exención del IGIC para facturación inferior a 85.000 euros (45,1%) y simplificación de trámites fiscales.
Además, el colectivo sitúa como prioridades: incentivos al crecimiento empresarial (51,6%) y mejora de la conciliación (46,7%).
Respuesta institucional: medidas en marcha, pero dudas persistentes
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero del área, Manuel Domínguez, defiende que las políticas autonómicas están alineadas con estas demandas. Entre ellas, menciona programas como Concilia, +uno52 o las ayudas por incapacidad temporal.
También destaca que Canarias ha elevado el umbral de la franquicia del IGIC hasta los 50.000 euros, una medida que podría beneficiar a unos 11.000 autónomos.
Sin embargo, el propio barómetro deja una conclusión clara: existe una brecha entre las medidas anunciadas y la percepción real del colectivo, que sigue reclamando soluciones más directas y eficaces.
Un colectivo resiliente, pero al límite
El informe confirma la capacidad de adaptación del trabajador autónomo canario, pero también lanza una advertencia: sin incentivos reales a la contratación, reducción de costes y menos burocracia, el crecimiento seguirá siendo excepcional.