La norma simplifica trámites, refuerza la calidad académica y permite a las universidades adaptarse mejor a las demandas sociales y del mercado laboral
El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en el archipiélago. La norma, aprobada en el Consejo de Gobierno del 4 de mayo, sustituye al Decreto 168/2008 y actualiza el marco autonómico conforme a la legislación estatal vigente, marcando un avance importante en la organización del sistema universitario.
Impulsado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, dirigida por Migdalia Machín, el texto tiene como objetivo principal clarificar y agilizar los procedimientos relacionados con la creación, modificación y extinción de titulaciones, al mismo tiempo que se refuerza la calidad del sistema universitario.
“Ordenar cómo se implantan las titulaciones es también ordenar el futuro de Canarias”, ha señalado la consejera, destacando que esta medida permitirá alinear la formación académica con la realidad social y económica de las islas.
Simplificación administrativa y mayor agilidad
Uno de los pilares del decreto es la reducción de la burocracia. Se eliminan pasos innecesarios, se acortan los tiempos de tramitación y se establecen plazos más claros, lo que facilitará a las universidades planificar su oferta académica de forma más eficiente.
Además, se simplifica el procedimiento para evaluar la necesidad y viabilidad de nuevas titulaciones, permitiendo una respuesta más rápida ante los cambios del entorno.
El proceso de implantación también se reorganiza: los títulos se pondrán en marcha una vez verificado el plan de estudios por el Consejo de Universidades, con informe previo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). Con ello se evitan duplicidades y se adapta el sistema al marco estatal vigente.
Más control, calidad y sostenibilidad
El decreto introduce medidas para garantizar la continuidad de las titulaciones. Si se detectan determinadas circunstancias tras su implantación, las universidades deberán analizar su evolución y adoptar medidas para asegurar su sostenibilidad.
Asimismo, se refuerza el seguimiento de las enseñanzas universitarias, especialmente en aquellos centros que no cuentan con acreditación institucional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares académicos y proteger al alumnado.
Apuesta por la internacionalización sin costes añadidos
La nueva normativa impulsa una universidad más conectada con el exterior. Se fomentarán estrategias de internacionalización adaptadas a cada titulación, incluyendo asignaturas en otros idiomas, programas de movilidad y dobles titulaciones internacionales.
Un aspecto destacado es que estas iniciativas no supondrán un coste adicional ni una carga extra para el estudiantado, garantizando así la igualdad de oportunidades.
Formación vinculada al empleo
El decreto refuerza la conexión entre universidad y mercado laboral. Se incorporarán contenidos orientados a la inserción profesional, incluyendo prácticas académicas externas en función de cada titulación, lo que permitirá mejorar la empleabilidad de los graduados.
Una norma construida con las universidades
El nuevo decreto responde a una demanda histórica del sistema universitario canario. Las universidades han participado activamente en su elaboración, aportando propuestas que han sido incorporadas al texto final.
En palabras de la consejera, “este decreto da estabilidad al sistema universitario y mejora su capacidad para anticiparse, ordenar su oferta y adaptarse a lo que Canarias necesita”, consolidando así un modelo más moderno, ágil y conectado con la sociedad.