El Gobierno autonómico alerta de la grave presión sobre el mercado inmobiliario y pide soluciones específicas para territorios insulares con alta demanda turística
El Gobierno de Canarias ha vuelto a defender ante la Unión Europea la necesidad de adoptar medidas extraordinarias que permitan limitar la compra de viviendas por parte de personas no residentes, con el objetivo de aliviar la creciente presión que sufre el mercado inmobiliario del archipiélago.
La reivindicación fue trasladada por el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante una reunión mantenida con Matthew Baldwin, director del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Comisión Europea, en el marco del 13º Foro Urbano Mundial (WUF13) que se celebra en Bakú, Azerbaiyán, bajo la organización de ONU-Habitat.
Canarias alerta de una situación “muy preocupante”
Durante el encuentro, Caraballo defendió que la realidad actual de Canarias exige respuestas adaptadas a sus particularidades territoriales y demográficas.
“La situación de la vivienda es muy preocupante y requiere iniciativas excepcionales”, sostuvo el representante canario, quien recordó que el archipiélago afronta una fuerte presión inmobiliaria derivada del crecimiento turístico, el aumento de la demanda y el encarecimiento del alquiler.
El viceconsejero subrayó especialmente las dificultades que atraviesan las zonas más tensionadas de las islas, donde los precios de la vivienda han alcanzado niveles que dificultan el acceso a una residencia habitual para miles de familias.
La Comisión Europea recuerda los límites legales
En respuesta a la propuesta planteada por Canarias, el representante de la Comisión Europea señaló que restringir la compra de viviendas por parte de no residentes podría entrar en conflicto con principios fundamentales de la Unión Europea, como la libre circulación de personas y capitales.
No obstante, Caraballo insistió en la necesidad de explorar fórmulas excepcionales que permitan dar respuesta a la realidad específica de territorios ultraperiféricos como Canarias, donde la presión sobre la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos.
Canarias apuesta por la resiliencia climática y la innovación azul
La participación canaria en Bakú también estuvo marcada por la intervención de Adriana Regidor, responsable de Estrategia de Islas Responsables, quien participó en un debate internacional centrado en los efectos del cambio climático sobre los territorios costeros e insulares.
Regidor destacó que Canarias está desarrollando una estrategia integral de adaptación climática que abarca aspectos como la seguridad hídrica, la transición energética, la economía azul, la salud pública, la innovación empresarial y la protección de los ecosistemas.
Según explicó, el archipiélago busca consolidarse como un auténtico “laboratorio atlántico de resiliencia”, capaz de convertir desafíos como la escasez de agua, el aislamiento energético o la presión urbanística en oportunidades de desarrollo sostenible e innovación.
Propuesta de una Red Intersinsular internacional
Durante su estancia en Azerbaiyán, la delegación canaria también mantuvo reuniones con representantes de ONU-Habitat en España para presentar la creación de una futura Red Intersinsular, una iniciativa destinada a compartir experiencias y conocimientos entre territorios insulares de diferentes partes del mundo.
La propuesta pretende impulsar la cooperación en materias estratégicas como la gestión de la vivienda, el desarrollo territorial, la adaptación al cambio climático y la planificación urbana sostenible.
La vivienda, uno de los grandes retos globales
La participación de Canarias en el Foro Urbano Mundial fue seleccionada entre más de 600 iniciativas internacionales, en un evento que ha puesto el foco en la creciente crisis habitacional que afecta a millones de personas en todo el planeta.
Según los datos presentados durante el foro, casi 3.000 millones de personas carecen actualmente de una vivienda adecuada, mientras que más de 1.100 millones viven en asentamientos informales o barrios marginales y alrededor de 300 millones no disponen de un hogar donde residir.
Ante este escenario, Canarias defiende que garantizar el acceso a una vivienda digna debe convertirse en una prioridad tanto a nivel europeo como internacional, especialmente en territorios insulares donde la presión inmobiliaria amenaza la cohesión social y el desarrollo sostenible.