El Gobierno canario advierte que el retraso del Ministerio pone en peligro la justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a mantener el transporte gratuito para miles de usuarios en las Islas
La continuidad de una de las medidas sociales más importantes de los últimos años en Canarias podría verse comprometida si el Estado no actúa con rapidez. El Gobierno de Canarias ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una respuesta inmediata para desbloquear la resolución que regula la justificación y liquidación de las ayudas destinadas a financiar la gratuidad del transporte público terrestre colectivo en el Archipiélago.
El Ejecutivo autonómico ha trasladado formalmente su preocupación por el retraso acumulado en la aprobación definitiva de esta resolución, una herramienta considerada fundamental para garantizar la seguridad jurídica, administrativa y financiera de una medida que utilizan diariamente miles de canarios.
120 millones de euros en juego
La situación preocupa especialmente porque está en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a sufragar la bonificación del 100% del transporte público terrestre colectivo en Canarias.
Desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad se insiste en que la aprobación de la resolución es imprescindible para que los cabildos puedan completar los procedimientos administrativos dentro de los plazos exigidos por el propio Estado.
La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha sido contundente al afirmar que:
«La gratuidad del transporte público ha sido una medida de enorme impacto social en Canarias y no podemos permitir que dificultades administrativas terminen poniendo en riesgo su estabilidad financiera ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares».
Los cabildos adelantan dinero mientras esperan al Estado
El Gobierno de Canarias recuerda que actualmente son los cabildos insulares quienes están soportando una importante carga económica para mantener activa esta medida.
Según explica Fernández, las instituciones insulares están utilizando recursos propios para seguir financiando el transporte gratuito mientras se tramita el expediente estatal, una situación que genera una creciente presión financiera sobre las administraciones locales.
Además, el Ejecutivo regional denuncia que:
- Todavía no existen créditos habilitados por el Estado para abonar los 42 millones de euros pendientes correspondientes a 2025.
- Tampoco se han habilitado los fondos necesarios para cubrir las ayudas previstas para 2026.
- Los costes reales del servicio están superando en muchos casos la financiación inicialmente contemplada.
Canarias fija el 31 de mayo como fecha límite
La Dirección General de Transportes y Movilidad considera que el próximo 31 de mayo de 2026 representa un límite crítico para evitar problemas mayores.
El Ejecutivo canario advierte de que cualquier retraso adicional podría afectar seriamente al calendario de justificación de las ayudas, cuyo plazo final concluye el 30 de septiembre de 2026.
La preocupación se incrementa debido a que la nueva resolución estatal incorpora nuevas exigencias administrativas que no figuraban en la resolución de concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025, generando incertidumbre entre las administraciones encargadas de tramitar la documentación.
La complejidad del modelo canario dificulta aún más la gestión
Canarias cuenta con una realidad diferente a la de otras comunidades autónomas.
El transporte terrestre está gestionado de forma descentralizada por los siete cabildos insulares, lo que obliga a coordinar información procedente de múltiples administraciones públicas y operadores de transporte.
Esta singularidad supone una carga administrativa mucho mayor que en otros territorios del Estado y hace imprescindible disponer de tiempo suficiente para recopilar, revisar y validar toda la documentación exigida por el Ministerio.
Por este motivo, el Gobierno autonómico considera fundamental que la resolución definitiva esté aprobada cuanto antes.
Una medida que ha cambiado la movilidad en Canarias
Desde su puesta en marcha, la gratuidad del transporte público ha permitido que miles de personas puedan desplazarse diariamente sin coste alguno, favoreciendo especialmente a trabajadores, estudiantes, pensionistas y familias.
Para el Ejecutivo canario, el éxito de esta iniciativa está fuera de toda duda.
«Miles de canarias y canarios utilizan cada día el transporte público gracias a esta bonificación y nuestro objetivo es garantizar que pueda seguir desarrollándose con normalidad y seguridad para todas las administraciones implicadas», ha señalado María Fernández.
El Gobierno reclama una solución inmediata
El Gobierno de Canarias insiste en que mantiene una actitud de colaboración institucional con el Ministerio, pero reclama una respuesta urgente para evitar que la incertidumbre administrativa termine afectando a una medida ampliamente respaldada por la ciudadanía.
La aprobación de la resolución antes del 31 de mayo se considera esencial para garantizar la llegada de los fondos estatales, proteger las finanzas de los cabildos y asegurar que el transporte público gratuito continúe siendo una realidad para miles de usuarios en todas las islas.