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El Gobierno de Canarias ha iniciado la tramitación de una importante modificación de la normativa que regula el teletrabajo en la Administración Pública autonómica, introduciendo nuevos requisitos para acceder a esta modalidad laboral y endureciendo algunos de los criterios actualmente vigentes.
El Consejo de Gobierno acordó este lunes solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto que modificará el actual Decreto 74/2023, una medida impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Nieves Lady Barreto.
La actualización de la norma responde tanto a la experiencia acumulada durante los últimos dos años de aplicación del teletrabajo como a la adaptación a la Ley 2/2025, orientada a mejorar la gestión eficiente, la calidad del empleo público y la reducción de la temporalidad en la Administración autonómica.
Uno de los cambios más relevantes afecta directamente a la tramitación de las solicitudes de teletrabajo.
La futura normativa establece que la Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver expresamente cada solicitud. En caso de que no exista respuesta dentro de ese periodo, la petición será considerada automáticamente como denegada por silencio administrativo negativo.
Hasta ahora, esta cuestión generaba dudas e interpretaciones en determinados procedimientos administrativos. Con la nueva regulación, el Ejecutivo autonómico pretende aportar mayor seguridad jurídica y agilizar la gestión de las solicitudes.
Además, la resolución deberá estar motivada, ya sea para autorizar o para rechazar la petición presentada por el empleado público.
El nuevo decreto introduce requisitos más estrictos para acceder al trabajo en remoto.
Entre ellos destaca la obligación de haber prestado servicios de forma ininterrumpida durante un mínimo de un año en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, el trabajador deberá haber ocupado el puesto actual, o uno equivalente con las mismas funciones y herramientas de trabajo, durante al menos tres meses consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.
El objetivo es garantizar que los empleados dispongan de la experiencia suficiente, conozcan plenamente sus funciones y estén integrados en la dinámica de trabajo antes de desempeñar su actividad desde fuera de las dependencias administrativas.
Otra de las novedades incluidas en el proyecto normativo es la exigencia de contar con competencias digitales adecuadas.
Los empleados públicos deberán acreditar que poseen conocimientos teóricos y prácticos suficientes en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente aquellas vinculadas a las plataformas y aplicaciones corporativas utilizadas diariamente por la Administración.
Según recoge el texto, esta medida busca mejorar la productividad, evitar incidencias técnicas y garantizar una correcta coordinación entre los trabajadores presenciales y aquellos que desempeñan sus funciones a distancia.
La futura regulación también establece una serie de condiciones técnicas que deberán cumplir quienes soliciten teletrabajar.
Entre ellas se incluyen:
Estas condiciones buscan asegurar que el trabajo en remoto mantenga los mismos estándares de calidad, seguridad y eficiencia que el trabajo presencial.
La modificación normativa también incorpora una de las principales novedades introducidas por la Ley 2/2025.
A partir de ahora, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) deberán especificar expresamente si cada puesto es susceptible o no de ser desempeñado mediante teletrabajo.
Esta medida permitirá identificar con claridad qué funciones pueden desarrollarse a distancia sin afectar al servicio público y cuáles requieren necesariamente la presencia física del empleado.
Desde el Ejecutivo regional explican que la reforma nace tras analizar los informes de evaluación elaborados por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, donde se detectaron diversas disfunciones durante los primeros años de implantación del sistema.
La intención del Gobierno es fortalecer la cultura de la dirección por objetivos, mejorar el control de la actividad administrativa y garantizar una implantación más eficaz del teletrabajo en la Administración Pública de Canarias.
El proyecto deberá recibir ahora el informe preceptivo del Consejo Consultivo antes de continuar su tramitación y aprobarse definitivamente.