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El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una campaña de inspección que afectará a 78 estaciones de servicio de todo el archipiélago. El objetivo de esta medida es analizar a fondo el funcionamiento del mercado de combustibles en las islas y aclarar el motivo de varias disfunciones detectadas en los últimos informes elaborados por la Dirección General de Comercio y Consumo.
El vicepresidente canario y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, explicó que la iniciativa busca proteger a los consumidores y a los profesionales autónomos, defendiendo el interés general en un sector que influye directamente en el coste de la vida, la movilidad y la competitividad empresarial.
Los análisis previos realizados por el Ejecutivo autonómico reflejan una clara asimetría a la hora de trasladar los precios internacionales del petróleo a los surtidores de las islas:
Este fenómeno, conocido en el sector como el «efecto cohete y efecto pluma», afecta de forma directa a la economía de las familias canarias. «Nos sorprendió que los combustibles subieran de forma casi inmediata en el archipiélago y, por eso, hemos querido analizar con rigor qué ha ocurrido y si estamos ante un comportamiento normal del mercado o ante una situación anómala», señaló Domínguez.
Otro de los puntos destacados del informe es la alta concentración empresarial en las islas. Actualmente, solo cuatro enseñas controlan el 76,7% de toda la red de estaciones de servicio de Canarias, lo que deja un espacio muy reducido para las gasolineras y operadores independientes.
Ante esta situación, la campaña inspectora obligará a los operadores seleccionados en la muestra a presentar un requerimiento formal de documentación. Con estos datos, la Administración quiere conocer al detalle cómo estructuran sus precios y comprobar si los retrasos en las bajadas responden a una inercia habitual del mercado o a otros factores.
Las tareas de control serán ejecutadas por el servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo. Una vez recopilada toda la información, los resultados se enviarán al Servicio de Defensa de la Competencia, un órgano dependiente de la Viceconsejería de Economía.
Este departamento será el encargado de tomar la decisión final: archivar el caso si no se detectan irregularidades o, por el contrario, tramitar un expediente sancionador. En este último supuesto, el expediente se elevará al Consejo Canario de Defensa de la Competencia o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su resolución definitiva.
Domínguez concluyó advirtiendo que, si se demuestra que ha existido alguna conducta irregular o abuso de posición en el mercado, el Gobierno de Canarias actuará en consecuencia para frenar una situación que daña directamente el bolsillo de los ciudadanos.