La Consejería introduce herramientas de apoyo técnico para aumentar las visitas de evaluación a residencias y centros de día públicos y privados, vigilando especialmente la calidad de la atención.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha decidido reforzar su Servicio de Inspección y Acreditación de Centros. El objetivo principal es elevar la capacidad de control, seguimiento y evaluación de todos los servicios sociales del archipiélago, sin distinguir entre la gestión pública o la privada.
La medida fue detallada por la consejera del área, Candelaria Delgado, en la comisión de Derechos Sociales celebrada este miércoles en el Parlamento de Canarias. Este impulso coincide con una etapa de alta actividad en el departamento, que realiza visitas periódicas y de forma continuada a centros de día, residencias y otros recursos enfocados en la atención a personas mayores, dependientes o con discapacidad.
Un nuevo enfoque centrado en la calidad real
Según explicó la consejera durante su comparecencia parlamentaria, la intención del Gobierno es ir un paso más allá de la simple burocracia. “Queremos consolidar un modelo de inspección más sistemático, con mayor capacidad de análisis, seguimiento y verificación de las condiciones reales de atención que reciben las personas usuarias”, afirmó Delgado ante la comisión.
La responsable autonómica insistió en que el cambio de rumbo busca poner el foco en el bienestar directo de los ciudadanos tutelados o atendidos. “Apostamos por una inspección orientada no solo a verificar el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, sino también a evaluar la calidad real de la atención que reciben las personas”, aseguró la consejera. Para materializar este objetivo, el departamento autonómico implantará un sistema con indicadores comparables, un seguimiento estricto de los planes de mejora exigidos a los centros y una mayor capacidad de evaluación de los resultados obtenidos.
Con el fin de agilizar estas labores y abarcar un mayor volumen de instalaciones, Bienestar Social ha sacado a licitación un servicio de apoyo técnico complementario. Este equipo externo se encargará de tareas secundarias como:
- La revisión y comprobación de documentos.
- La asistencia y el acompañamiento al personal funcionario durante las visitas presenciales.
- El análisis de datos e indicadores de calidad.
- La organización de toda la información recogida en las inspecciones.
El control y la potestad siguen bajo el sello público
Ante las posibles dudas que pudiera generar la incorporación de este soporte externo, Delgado quiso dejar claro de forma tajante que este refuerzo técnico no supone, en ningún caso, una privatización o externalización de las funciones fundamentales de la inspección. La potestad legal de supervisar, valorar si existen incumplimientos, emitir los informes definitivos y proponer las posibles sanciones o medidas correctoras seguirá siendo competencia exclusiva de la Administración pública.
“El objetivo es fortalecer la capacidad de control público para garantizar que los centros acreditados mantienen de forma continuada las condiciones exigidas para su funcionamiento y ofrecen una atención adecuada a las personas usuarias”, expresó la consejera de Bienestar Social durante su intervención.
Por último, se recordó que el Servicio de Inspección mantiene una estrecha coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias a un acuerdo de colaboración firmado en marzo de 2024, así como con la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Entre los puntos clave que se revisan en cada visita figuran la organización del personal, la accesibilidad de las instalaciones, las condiciones de seguridad e higiene, la documentación obligatoria y, de manera prioritaria, el cumplimiento de los protocolos vinculados al respeto de la autonomía y la dignidad de las personas usuarias.