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La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) que dirige Pino de León, ha puesto en marcha el proceso de consulta pública previa para diseñar el Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030. Este documento se convertirá en la hoja de ruta estratégica que guiará todas las políticas públicas en esta materia durante el próximo lustro.
Con la apertura de este periodo de consulta, el Ejecutivo autonómico busca recabar las propuestas y aportaciones de los ciudadanos, las administraciones públicas, los agentes sociales, los colectivos vinculados al sector y las empresas privadas. El objetivo final es confeccionar un documento de consenso que aborde de manera directa la emergencia habitacional que arrastra el archipiélago.
El desarrollo de este nuevo plan se fundamenta en un análisis previo de la realidad canaria, la cual está condicionada por factores muy específicos de las islas que han provocado un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda residencial. Entre los condicionantes principales destacan:
Toda esta situación ha derivado en un notable incremento de los precios del alquiler, dificultando el acceso a una vivienda digna y asequible a la población local, con especial impacto en los jóvenes, las familias de rentas medias o bajas y las personas vulnerables.
Para dar la vuelta a esta situación, el Plan de Vivienda 2026-2030 se articulará alrededor de tres grandes pilares de actuación técnica:
Los responsables del ICAVI han destacado que, para que estas medidas sean efectivas sobre el terreno, será indispensable una coordinación estrecha entre todas las instituciones. El marco de trabajo implicará la colaboración directa del Gobierno de Canarias con la Administración General del Estado, los siete cabildos insulares y los 88 ayuntamientos, contando además con la participación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Todas las propuestas que se reúnan durante esta fase de consulta pública se utilizarán para enriquecer el borrador definitivo y adaptar las soluciones normativas a las necesidades particulares de cada isla y municipio de Canarias.