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CANARIAS. — La tensión institucional entre el Ejecutivo autonómico y el gestor aeroportuario estatal vuelve a encenderse. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, liderada por Pablo Rodríguez, ha reiterado a Aena la necesidad imperiosa de adaptar el nuevo sistema de acceso y estacionamiento de guaguas a la realidad operativa de los aeropuertos del archipiélago.
La exigencia llega tras las graves incidencias y dificultades registradas en los últimos días a raíz de la implantación del nuevo modelo de control. Ante esta situación, Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad,María Fernández, ha solicitado formalmente una reunión de urgencia con Aena antes de que finalice este mes de julio para evaluar los fallos organizativos y pactar medidas correctoras inmediatas.
El conflicto no es nuevo. El Ejecutivo canario lleva advirtiendo del problema desde finales del año pasado a través de un goteo constante de requerimientos oficiales:
A pesar de este acuerdo, Fernández denuncia que el Ejecutivo no ha recibido ninguna información institucional posterior sobre la evolución del sistema, enterándose de su puesta en marcha y de los colapsos directamente a través de las protestas del sector del transporte y de los medios de comunicación.
Desde la Dirección General explican que los rígidos tiempos de cortesía que impone el nuevo sistema de Aena chocan frontalmente con el día a día de un aeropuerto insular.
“Los retrasos de los vuelos, los conteles documentales a pasajeros internacionales o la coordinación necesaria para recoger viajeros procedentes de varios vuelos pueden hacer que una guagua supere el tiempo de cortesía previsto sin que ello responda a una mala praxis de las empresas”, defiende María Fernández.
Adicionalmente, el Ejecutivo recuerda que en Canarias las guaguas constituyen la única alternativa de transporte masivo disponible, al no existir redes ferroviarias o de alta capacidad que conecten las terminales con las zonas turísticas y urbanas. Penalizar su operativa, advierten, provocará un efecto dominó: un mayor uso del vehículo privado, más congestión en las carreteras y el incumplimiento de las metas de movilidad sostenible de ambas administraciones.
La situación ha escalado y ya sobrepasa el ámbito de la movilidad. Según detalla la directora general, las restricciones y las incidencias de los últimos días están golpeando directamente al transporte regular de viajeros, las condiciones laborales de los conductores, la actividad de los turoperadores y, por ende, a la imagen de Canarias como destino turístico de primer nivel.
«Creemos que es el momento de detener la implantación de la medida, abrir el diálogo institucional y acordar una solución», zanja Fernández, quien apela al espíritu de cooperación que el Gobierno canario ya demostró al negociar los más de 1.800 millones de euros de inversión para las islas dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).