radio online
La conectividad marítima entre el archipiélago y la Península vuelve a ser motivo de fricción entre el Ejecutivo autonómico y la Administración central. El Gobierno de Canarias, a través del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha vuelto a situar sobre la mesa del Consejo de Gobierno la urgente necesidad de que el nuevo contrato de la Obligación de Servicio Público (OSP) de la línea marítima Cádiz-Canarias garantice, por pliego, una escala obligatoria en el puerto de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.
La petición, dirigida de manera directa a la Dirección General de la Marina Mercante —dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible—, busca blindar a la isla majorera frente al riesgo de quedar relegada a un papel secundario en las conexiones logísticas de gran tonelaje.
La controversia no radica únicamente en la ruta, sino en la gestión de los plazos administrativos. El anterior contrato de OSP llegó a su fin el pasado 30 de junio sin que el Ministerio de Transportes hubiera licitado con antelación el nuevo periodo de gestión, fijado para la ventana temporal de julio de 2026 a diciembre de 2028.
Según reveló Rodríguez, la Consejería remitió una misiva a Madrid antes del vencimiento del servicio solicitando dos aspectos clave:
Hasta la fecha, el Ministerio no ha emitido respuesta formal alguna, una falta de interlocución que incrementa la preocupación del sector logístico e institucional de la isla.
La ausencia de un enlace marítimo directo y garantizado con la Península somete a la economía de Fuerteventura a sobrecostes estructurales y tiempos de tránsito desproporcionados.
En la actualidad, una parte significativa del tráfico de mercancías con origen o destino en Puerto del Rosario se ve obligada a ser desviada de forma indirecta: las cargas deben transbordar primero por los puertos de Arrecife (Lanzarote) o Las Palmas de Gran Canaria para poder conectar finalmente con la ruta hacia el puerto gaditano.
“Esta triangulación logística no solo alarga innecesariamente los tiempos de entrega, sino que incrementa de forma directa los costes de transporte que asumen nuestras empresas, mermando gravemente la competitividad del tejido económico majorero”, denunció el consejero Pablo Rodríguez.
Desde el Ejecutivo regional se apela a la arquitectura legal que ampara a Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) en el marco del Derecho Comunitario y la Constitución Española. La dependencia del transporte marítimo para el abastecimiento básico de bienes, materias primas y productos de consumo hace de estas líneas de interés público una herramienta de primera necesidad.
El mantenimiento estable de la escala en Puerto del Rosario no responde a un capricho operativo, defienden desde la Consejería, sino a la obligación de garantizar la cohesión territorial, la vertebración del archipiélago y la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y empresarios de Fuerteventura respecto al resto de las islas y el territorio peninsular.