La consejera Candelaria Delgado denuncia que la normativa estatal obliga a las familias a contratar y pagar previamente cuidados de alto coste antes de recibir la financiación pública destinada a sufragarlos.
El Gobierno de Canarias eleva la voz ante el Estado para proteger a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a sus familias. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado hoy en el Parlamento autonómico una revisión urgente del procedimiento estatal de acceso a las prestaciones, advirtiendo de que la regulación actual impone una barrera económica inasumible para muchos hogares.
Delgado explicó que, si bien el Ejecutivo autonómico está priorizando al máximo la tramitación de expedientes y ha adaptado con rapidez el sistema canario mediante el Decreto-ley 2/2026 (incorporando el nuevo grado III+ y creando un circuito hospitalario acelerado), el verdadero cuello de botella se encuentra en las condiciones que fija la normativa nacional.
Una paradoja inasumible para las familias
La regulación estatal vigente establece que, aunque el paciente tenga reconocido el grado III+ y cumpla los requisitos médicos, la ayuda económica no se abona hasta que la familia haya contratado previamente un asistente personal o un servicio a domicilio.
«La normativa coloca a las familias ante una auténtica paradoja, porque se les exige disponer primero de unos recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen para poder activar una prestación concebida precisamente para garantizar esos mismos cuidados», denunció Candelaria Delgado.
A este obstáculo se añade el sistema de financiación: la Administración General del Estado solo transfiere los fondos a las comunidades autónomas cuando el servicio ya está contratado, lo que retrasa de forma inevitable la llegada del dinero a personas con una enfermedad de evolución rápida y severa.
Falta de cogobernanza en la ley nacional
Durante su intervención, la consejera recordó que las comunidades autónomas no tuvieron la oportunidad de realizar aportaciones al texto definitivo, ya que el Gobierno central publicó la ley en el BOE sin contar con la participación de los gobiernos autonómicos, que son quienes gestionan directamente los servicios sociales.
Compromiso autonómico y exigencia al Estado
Pese a los límites del marco estatal, la Consejería reiteró su compromiso de seguir agilizando cada paso administrativo y acompañar a los afectados en todo el proceso. Sin embargo, Delgado insistió en que el Estado debe corregir este procedimiento de inmediato para que la ley cumpla su propósito real.
«Canarias cumplirá la ley con rigor y rapidez, pero también defenderá ante el Estado los cambios necesarios para que el acceso a estas prestaciones deje de convertirse en un obstáculo añadido para quienes ya afrontan una enfermedad extremadamente dura», concluyó la consejera.