La Consejería de Transición Ecológica se une al frente autonómico para exigir un Acuerdo Nacional con memoria económica y reprocha al Ejecutivo central su sordera ante las propuestas del Archipiélago.
Mientras los efectos del cambio climático imponen una amenaza crítica e ineludible en el territorio, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de las críticas por su gestión basada en la foto fija y los titulares vacíos. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha decidido plantarse y sumarse a la declaración conjunta suscrita por varias comunidades autónomas para exigir la apertura inmediata de una negociación real que culmine en un verdadero Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales.
El malestar en las islas es evidente: las autonomías llevan meses haciendo los deberes y remitiendo propuestas concretas sobre la mesa sin que el Ejecutivo central haya movido un solo dedo para sentarse a negociar.
Zapata carga contra el Gobierno: «Menos anuncios y más acuerdos reales»
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha sido contundente al denunciar la actitud de Moncloa, criticando que se pretenda imponer un documento cerrado en lugar de construir un consenso auténtico:
«Canarias comparte plenamente la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional frente a los riesgos climáticos. Pero es difícil hablar ahora de un pacto cuando las comunidades autónomas llevamos meses trasladando propuestas concretas sin obtener respuesta. España necesita menos anuncios unilaterales y más acuerdos reales, porque los pactos no se construyen solicitando adhesiones a un documento ya elaborado, sino desde el diálogo, la negociación y la cogobernanza entre todas las administraciones».
Carta de exigencias: Financiación, coordinación y Conferencia Sectorial URGENTE
El frente autonómico denuncia que el cambio climático no se combate con solicitudes de adhesión de cara a la galería, sino combinando políticas de mitigación con una apuesta seria por la adaptación, la gestión forestal, la protección civil y la planificación hidráulica.
Por ello, la declaración conjunta pone sobre la mesa una serie de condiciones irrenunciables para que el pacto nacional no quede en papel mojado:
- Negociación bilateral y multilateral: Proceso de diálogo transparente entre todas las administraciones implicadas.
- Respaldo presupuestario: Una memoria económica suficiente que garantice la ejecución de las medidas.
- Mecanismos de seguimiento y control: Garantizar la eficacia y el respaldo parlamentario del plan.
- Convocatoria urgente: Exigen la celebración inmediata de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para arrancar el proceso de negociación.
Canarias hace los deberes frente a la pasividad estatal
Zapata ha recordado que el Archipiélago, por su condición de territorio ultraperiférico y especialmente vulnerable, conoce de primera mano el peligro de no actuar a tiempo. «Proteger a la población y al patrimonio natural pasa por invertir en prevención, gestión forestal, planificación y capacidad de respuesta durante todo el año», enfatizó.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico contrapone su gestión proactiva frente a la lentitud del Gobierno de España, destacando las acciones que ya se están ejecutando en las islas:
- Estrategia de prevención permanente: Refuerzo constante de los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales.
- Nuevo Plan Forestal de Canarias: Impulso a una gestión forestal activa para limpiar y cuidar los montes.
- Inversión en resiliencia: Destinación de recursos a la adaptación territorial contra los fenómenos meteorológicos extremos.
Una puerta abierta, pero exige rigor
A pesar del duro tirón de orejas, el Gobierno de Canarias mantiene su mano tendida, pero deja claro que la paciencia tiene un límite cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego.
«Nuestra voluntad es colaborar y construir acuerdos útiles. Por eso apoyamos que se abra una negociación real que permita dotar a España de una estrategia compartida, con financiación suficiente, objetivos claros y mecanismos eficaces de coordinación. Los ciudadanos necesitan respuestas eficaces frente a unos riesgos que son cada vez más frecuentes e intensos, y esas respuestas solo pueden construirse desde la cooperación institucional», concluyó Zapata.