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La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria atraviesa una nueva crisis operativa tras la inmovilización de 21 vehículos patrulla por tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, una situación que, según ha denunciado el sindicato CSIF, está afectando de forma directa a la capacidad de respuesta de los agentes y a la seguridad en las intervenciones.
De acuerdo con la organización sindical, los vehículos afectados pertenecen al sistema de renting y permanecen fuera de servicio desde el pasado 22 de julio, al no haberse renovado la inspección obligatoria. La situación ha dejado a varias unidades territoriales sin vehículos equipados con mampara de seguridad para el traslado de personas detenidas.
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CSIF asegura que esta situación ya ha tenido consecuencias durante un servicio policial reciente. Según explica el sindicato, ante la ausencia de vehículos adaptados para el transporte seguro de detenidos, un agente tuvo que viajar en la parte trasera del vehículo junto a la persona arrestada, una circunstancia que, a su juicio, incumple los protocolos básicos de seguridad tanto para los policías como para el propio detenido.
La organización considera que este episodio refleja las consecuencias de una falta de planificación en la gestión del parque móvil municipal.
El sindicato detalla que la situación actual del parque móvil se distribuye de la siguiente manera:
CSIF sostiene que la caducidad de la ITV en una flota de uso diario no responde a una avería imprevista, sino a una falta de seguimiento administrativo de los contratos de renting y del mantenimiento preventivo.
La inmovilización de los patrulleros se suma, según el sindicato, a otras carencias que vienen denunciando desde hace meses y que afectan al funcionamiento ordinario de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre ellas destacan:
Para el sindicato, la suma de estas incidencias evidencia un problema de gestión que va más allá de la falta puntual de vehículos y afecta a la organización de los recursos materiales y humanos del cuerpo.
CSIF reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la adopción de medidas urgentes para recuperar la operatividad del parque móvil, regularizar el mantenimiento de los vehículos y dotar a la plantilla de los medios y la formación necesarios para desarrollar su trabajo con garantías de seguridad tanto para los agentes como para la ciudadanía.