Un nuevo plan insular busca poner fin al vertido directo de materia orgánica, reducir la huella de carbono y esquivar las sanciones de la Unión Europea.
Tenerife se prepara para dar un giro radical a su sistema de gestión de residuos. El Cabildo insular ha dado luz verde al Programa Insular de Gestión de los Residuos de Materia Orgánica, una estrategia que movilizará más de 75 millones de euros para construir infraestructuras capaces de procesar toda la materia orgánica de la isla y evitar que acabe enterrada en el vertedero.
Un problema de fondo: 200.000 toneladas sin separar
Las cifras que maneja la administración insular dejan al descubierto un desequilibrio claro en la gestión de basuras:
- Lo que se genera: Más de 200.000 toneladas de materia orgánica al año en toda la isla.
- Lo que se recicla hoy: Solo unas 2.000 toneladas se recogen de forma selectiva (apenas el 1% del total).
Hasta ahora, la estrategia confiaba en que los ayuntamientos implantaran masivamente el contenedor marrón. Ante la lentitud de este despliegue, el nuevo plan cambia la táctica: el Complejo Ambiental de Tenerife se equipará para separar y tratar la materia orgánica directamente desde la basura mezclada que llega en los camiones tradicionales.
Las claves del plan financiero
El desembolso económico se articulará a través de dos vías principales:
- Infraestructuras de tratamiento: Los más de 75 millones de euros financiarán la construcción y la explotación de las nuevas plantas de procesado en dos fases.
- El canon de vertidos como vía de ingresos: Entre 2024 y 2027 se prevé recaudar unos 13 millones de euros mediante el impuesto a la emisión de gases de efecto invernadero por depositar basura en vertedero. Por ley, este dinero no puede ir a caja común: debe reinvertirse en proyectos de reducción de emisiones.
- Ayuda a los ayuntamientos: Además de mantener a coste cero el tratamiento de la materia orgánica que los municipios entreguen ya separada, se invertirán 222.000 euros para comprar una primera tanda de 691 contenedores específicos.
En la mira de Bruselas
El movimiento responde también a la presión internacional. La Comisión Europea ha vuelto a llamar la atención a España por no alcanzar los objetivos comunitarios de reciclaje. Reducir las emisiones de metano que generan los vertederos y acelerar la transición hacia una economía circular han dejado de ser opciones opcionales para convertirse en exigencias legales.