El Gobierno canario rechaza participar directamente en los procedimientos de identificación y determinación de edad y exige que se aclare, de una vez, quién hace qué y con qué recursos
El Gobierno de Canarias vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que lleva demasiado tiempo envuelta en cruces de competencias, reuniones y declaraciones políticas: quién debe asumir el triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha dejado claro que Canarias no quiere asumir directamente esta función porque considera que está vinculada al control de fronteras y a la entrada de personas en España, competencias que corresponden al Estado.
Y aquí aparece el problema: mientras las administraciones se intercambian responsabilidades, los menores siguen llegando y necesitan una respuesta inmediata, clara y garantista.
Canarias: «La frontera es competencia del Estado»
Delgado sostiene que el Pacto Europeo de Migración y Asilo sitúa el triaje en el ámbito de la autoridad responsable de la entrada en el país.
La posición del Ejecutivo autonómico es tajante: Canarias no pretende asumir una competencia estatal sin que exista previamente una norma que establezca claramente esa responsabilidad y, además, los recursos económicos necesarios.
«Las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera», ha defendido la consejera.
Una reivindicación que pone el foco en uno de los problemas históricos de la gestión migratoria en Canarias: la llegada de personas por vía marítima termina generando una enorme presión sobre unos servicios autonómicos que no controlan las fronteras.
El propio Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo reconoce, por un lado, que la acogida de los menores no acompañados dentro del sistema ordinario de protección corresponde a las comunidades autónomas, pero también contempla la necesidad de desarrollar con ellas un procedimiento para garantizar la designación rápida y presencia de representantes de los menores durante el triaje.
El punto de fricción: quién representa al menor
La Delegación del Gobierno ha reclamado a Canarias que designe representantes para los procesos de identificación y determinación de edad que se desarrollan en los Centros de Atención Temporal de Migrantes.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió anteriormente que durante estos procedimientos debe existir una persona que vele por el interés superior del menor, y que esa función no debería recaer en los propios agentes policiales encargados de gestionar los centros.
El planteamiento coloca a Canarias ante una disyuntiva complicada: sus competencias en materia de protección de menores son evidentes, pero la entrada irregular en territorio español y el control fronterizo no dependen del Ejecutivo autonómico.
Y mientras tanto, el debate jurídico continúa.
Canarias exige que ningún menor se quede sin triaje
El Gobierno autonómico también reclama que todos los menores que llegan al Archipiélago sean sometidos al correspondiente procedimiento de triaje cuando este no se haya realizado previamente.
La petición no es menor. Identificar correctamente a una persona que afirma ser menor de edad puede determinar qué administración debe intervenir, qué derechos se activan y qué sistema de protección debe hacerse cargo de ella.
Por eso, el Ejecutivo canario insiste en que el procedimiento debe realizarse con garantías, representación adecuada y respeto absoluto al interés superior del menor.
El propio documento estatal de aplicación del Pacto Europeo contempla expresamente la designación de representantes de menores durante el triaje y señala la necesidad de trabajar con las comunidades autónomas para establecer un sistema que permita su presencia de forma rápida.
Una nueva reunión para intentar desbloquear el conflicto
Candelaria Delgado tiene previsto acudir el próximo 26 de agosto a una reunión bilateral convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La consejera ha reclamado además la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia, precisamente para intentar aclarar quién debe asumir la representación legal de los menores durante estos procedimientos.
Canarias asegura que ha remitido tres cartas al Ministerio de Inclusión solicitando información sobre las modificaciones legislativas necesarias para aplicar el nuevo marco europeo y concretar el reparto de responsabilidades.
Mucho más que una discusión administrativa
El problema es que el debate no puede quedarse en un simple «esto es competencia del Estado» frente a «esto corresponde a las comunidades autónomas».
Canarias lleva años soportando una presión migratoria especialmente intensa por su condición de frontera exterior de la Unión Europea. El propio Gobierno autonómico ha advertido de que el nuevo sistema europeo puede aumentar todavía más esa presión y generar estancias más prolongadas durante los procedimientos de triaje.
Por tanto, el verdadero debate debería ser otro: qué administración tiene que actuar en cada momento, quién garantiza los derechos del menor y quién paga los recursos necesarios para hacerlo.
Porque si el Estado controla la frontera, debe garantizar que los procedimientos iniciales se realizan correctamente. Y si las comunidades tienen la responsabilidad de proteger a los menores una vez incorporados a sus sistemas, necesitan medios suficientes y reglas claras.
Lo que no parece razonable es que, cada vez que llega una nueva embarcación, vuelva a empezar la misma discusión política.
Canarias reclama que se ponga fin a esta indefinición. El Estado defiende la participación autonómica. Y en medio quedan los menores, que no pueden esperar a que las administraciones terminen de ponerse de acuerdo.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo ya cuenta con un Plan Nacional de Implementación en España y el propio Ministerio del Interior reconoce que será necesario adaptar procedimientos y establecer mecanismos de representación de los menores.
La cuestión ahora es si las administraciones serán capaces de convertir ese marco normativo en un procedimiento claro, rápido y dotado de recursos, o si Canarias continuará siendo el escenario de una disputa competencial que se repite mientras la presión migratoria no deja de poner a prueba al Archipiélago.