Los vehículos acudían de forma reiterada a la zona de La Marina, en Arrecife, para recoger pasajeros y trasladarlos a distintos puntos de la capital. La actuación policial permitió localizar tres teléfonos móviles y un terminal de pago, además de un grupo de mensajería denominado “Uber”
El transporte ilegal de viajeros vuelve a situarse en el centro de la actualidad en Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del Área de Transportes y Movilidad, ha iniciado dos expedientes sancionadores contra otros tantos vehículos por la presunta realización de servicios de transporte público de viajeros sin disponer de la autorización administrativa exigida.
Las propuestas de sanción ascienden a 4.001 euros para cada uno de los vehículos, por lo que la cuantía conjunta alcanza los 8.002 euros. Se trata de expedientes todavía en tramitación, por lo que la cantidad anunciada corresponde a propuestas de sanción y no a resoluciones firmes.
Una actuación desarrollada durante la madrugada en La Marina
Los hechos que han dado lugar a estos expedientes se remontan a la madrugada del pasado 6 de agosto, en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, una zona que aquella noche registraba una especial afluencia de jóvenes y una importante actividad vinculada al ocio.
De acuerdo con la información trasladada por el Cabildo, agentes de la Policía Nacional detectaron cómo los dos vehículos acudían de manera reiterada a este punto para recoger pasajeros y trasladarlos posteriormente hacia diferentes lugares de la capital lanzaroteña.
La actuación no se habría limitado, por tanto, a una recogida puntual. El comportamiento observado por los agentes constituye uno de los principales elementos que posteriormente han servido para fundamentar los expedientes administrativos abiertos por la institución insular.
Durante la intervención fueron localizados, además, tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico. En uno de los dispositivos los agentes comprobaron la existencia de un grupo de mensajería denominado “Uber”.
No obstante, este último elemento aparece considerado en los expedientes como un indicio complementario. La base principal de la actuación se encuentra en las observaciones realizadas directamente por los agentes y en las manifestaciones efectuadas por los pasajeros acerca del procedimiento empleado para solicitar los desplazamientos.
8.002 euros en propuestas de sanción
El consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Miguel Ángel Jiménez, ha confirmado que cada uno de los expedientes contempla una propuesta económica de 4.001 euros.
La suma de ambos procedimientos asciende, por tanto, a 8.002 euros.
La actuación está relacionada con la presunta prestación de transporte público de viajeros careciendo de la concesión, autorización o licencia que pudiera resultar preceptiva. El Cabildo considera que los hechos podrían constituir una infracción muy grave de la normativa canaria de transportes.
La legislación canaria establece que la realización de transportes públicos careciendo de la concesión, autorización o licencia correspondiente está considerada una infracción muy grave. Tras la modificación introducida por la Ley 4/2025, las infracciones de este tipo contempladas en el artículo 104 pueden llevar aparejadas multas de entre 4.001 y 6.000 euros, dentro de los supuestos previstos por la normativa.
El transporte irregular cambia sus métodos de captación
Uno de los aspectos que adquiere especial relevancia en este caso es la forma en la que presuntamente se habrían concertado algunos de los servicios.
El propio responsable insular de Transportes ha advertido de que las fórmulas utilizadas por quienes realizan este tipo de actividad están evolucionando. La captación de pasajeros ya no se produciría exclusivamente mediante la búsqueda directa de clientes en determinados puntos de ocio o zonas de gran afluencia, sino que también puede realizarse mediante teléfonos móviles, redes sociales y aplicaciones o grupos de mensajería.
Esta transformación supone un desafío añadido para los servicios de inspección, puesto que determinados servicios pueden concertarse previamente y desarrollarse posteriormente de manera aparentemente similar a un desplazamiento particular.
En este caso concreto, la localización de varios teléfonos móviles, un dispositivo para efectuar pagos electrónicos y un grupo de mensajería denominado “Uber” fueron incorporados a las actuaciones como elementos complementarios, mientras que la observación directa de los desplazamientos y las declaraciones de los pasajeros constituyeron los principales elementos considerados.
Competencia con los profesionales autorizados
La problemática tiene también una importante dimensión económica para el sector profesional.
Los taxis y demás operadores de transporte autorizados deben cumplir una serie de requisitos administrativos, técnicos y profesionales para poder desarrollar su actividad. La existencia de servicios que, presuntamente, se prestan al margen de estas obligaciones genera una situación de competencia desleal respecto a quienes desarrollan su actividad dentro del marco establecido.
Desde el Área de Transportes y Movilidad se ha defendido la necesidad de mantener una vigilancia activa sobre estas prácticas y de reforzar la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad para detectar servicios que puedan estar funcionando sin la correspondiente habilitación administrativa.
El Cabildo ya había intensificado en años anteriores las actuaciones contra el transporte irregular de viajeros y había informado de investigaciones relacionadas con servicios ofertados a través de redes sociales y plataformas digitales. En agosto de 2025, la institución insular comunicó que mantenía abiertas 44 líneas de investigación por presuntas infracciones muy graves y que se habían detectado más de 40 números de teléfono vinculados a ofertas de transporte no autorizado.
La seguridad del pasajero, otro de los puntos de preocupación
Más allá de la competencia económica, la Administración insular ha puesto el foco en las garantías que debe ofrecer cualquier servicio de transporte de viajeros.
Los operadores autorizados están sometidos a controles y obligaciones destinados a garantizar que los vehículos y conductores cumplen las condiciones establecidas legalmente. Por ello, desde el Cabildo se insiste en la importancia de que los usuarios comprueben que el servicio que contratan está respaldado por un operador debidamente autorizado.
La recomendación adquiere especial importancia cuando la contratación se realiza a través de un número de teléfono, una red social o un grupo de mensajería, donde puede resultar más complicado para el usuario conocer de antemano quién presta realmente el servicio y bajo qué condiciones.
Una actuación que vuelve a poner el foco sobre Arrecife
Los dos expedientes abiertos ahora se suman a la vigilancia que las autoridades mantienen sobre el transporte irregular en Lanzarote.
La intervención del pasado 6 de agosto en las inmediaciones de La Marina demuestra, según el Cabildo, la importancia de mantener controles especialmente en aquellas zonas donde se concentra una elevada demanda de transporte durante las noches de ocio.
En este caso, los agentes observaron reiteradamente los movimientos de dos vehículos que acudían al mismo entorno para recoger pasajeros y posteriormente realizar desplazamientos por Arrecife. La información obtenida durante la intervención fue trasladada para la correspondiente tramitación administrativa.
El procedimiento iniciado ahora deberá continuar con arreglo a las garantías administrativas correspondientes y serán las resoluciones que se adopten posteriormente las que determinen, en su caso, la responsabilidad y las sanciones definitivas.
Un aviso para usuarios y conductores
El caso deja sobre la mesa un mensaje claro: la prestación de servicios de transporte público de viajeros requiere contar con la autorización administrativa correspondiente.
Para los usuarios, las autoridades recomiendan optar por servicios debidamente autorizados y comprobar, especialmente cuando se contratan mediante canales digitales, que detrás de la oferta existe un operador legalmente habilitado.
Para el sector profesional, estas actuaciones representan una herramienta para combatir el intrusismo y proteger a quienes desarrollan su actividad cumpliendo con las obligaciones establecidas.
En Lanzarote, la batalla contra el transporte irregular continúa así también en el terreno digital. Los controles ya no se centran únicamente en localizar vehículos recogiendo pasajeros en la vía pública, sino también en detectar cómo se captan, cómo se concertan y cómo se realizan esos servicios.
En los dos casos investigados en Arrecife, el resultado provisional se traduce en dos expedientes sancionadores y 8.002 euros en propuestas de sanción, a razón de 4.001 euros por cada vehículo, por la presunta realización de transporte público de viajeros sin la autorización preceptiva.
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