El Pleno da luz verde al documento con 891 elementos patrimoniales, incluidos los 16 inmuebles de La Cornisa, en una sesión marcada por las discrepancias sobre la urgencia, la seguridad jurídica, las posibles consecuencias económicas y la ejecución de una sentencia del TSJ de Canarias
Puerto del Rosario, 15 de septiembre de 2026.- El Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha aprobado definitivamente este martes el Catálogo Municipal de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales después de una sesión extraordinaria y urgente marcada por un intenso enfrentamiento político entre el grupo de gobierno y los grupos de la oposición.
El documento, que reúne finalmente 891 elementos patrimoniales, incorpora los 16 inmuebles de La Cornisa, uno de los principales puntos de controversia durante la tramitación, y establece un régimen de protección para bienes arquitectónicos, etnográficos, arqueológicos, paleontológicos y naturales del municipio.
La aprobación definitiva salió adelante con 11 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Previamente, la propia declaración de urgencia de la sesión había sido ratificada con 11 votos a favor y 7 en contra.
El debate, sin embargo, estuvo lejos de limitarse a la protección del patrimonio. La forma en la que se convocó el pleno, el tiempo disponible para estudiar el expediente, la situación jurídica de La Cornisa, las consecuencias económicas para los propietarios y la compatibilidad del catálogo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias centraron buena parte de las intervenciones.
Un expediente que llega al Pleno después de años de tramitación
El concejal de Patrimonio Histórico, David de León, defendió durante la sesión que la aprobación representa uno de los momentos más importantes de la actual legislatura y recordó que el procedimiento ha atravesado diferentes etapas desde su inicio.
Durante su intervención explicó que el expediente ha incluido evaluación ambiental, informes técnicos y jurídicos, exposición pública, participación ciudadana y consultas a otras administraciones.
El responsable municipal destacó especialmente el trabajo desarrollado durante la fase de información pública y señaló que se habilitó una oficina de información, se celebraron sesiones informativas en diferentes núcleos del municipio y se notificó individualmente a los propietarios afectados.
El expediente también cuenta con una página web específica en la que se puede consultar la información individualizada de los bienes catalogados y su localización.
De León defendió que el catálogo no debe entenderse únicamente como una relación de restricciones, sino como una herramienta para preservar la identidad del municipio.
El documento recoge, según la exposición realizada durante el pleno, 405 edificaciones de patrimonio arquitectónico, 16 fortificaciones militares, 299 bienes etnográficos, 17 senderos tradicionales, 112 yacimientos arqueológicos, 20 puntos de interés paleontológico y 22 ámbitos de patrimonio natural.
El concejal también reconoció que la aprobación del catálogo no supone el final del proceso y señaló como uno de los próximos retos la puesta en marcha de líneas de ayuda para facilitar la rehabilitación y conservación de los inmuebles protegidos.
La Cornisa, el principal foco de la controversia
La incorporación de los 16 inmuebles de La Cornisa fue el asunto que concentró buena parte de las críticas de la oposición.
Durante la tramitación inicial, estos inmuebles quedaron fuera del documento por razones de cautela jurídica. Posteriormente fueron reincorporados después de que distintos informes sectoriales avalaran sus valores patrimoniales.
El Gobierno municipal defendió que la decisión responde a criterios técnicos y a la obligación de proteger unos inmuebles que forman parte de la memoria histórica y del paisaje urbano de Puerto del Rosario.
La oposición, sin embargo, no cuestionó de forma general el valor patrimonial de los inmuebles, sino la necesidad de garantizar que su protección sea plenamente compatible con la ordenación urbanística y con la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La portavoz de Asambleas Municipales de Fuerteventura planteó durante el pleno tres cuestiones concretas: en qué situación se encuentra la ejecución de la sentencia 371/2021, cuál es el estado del expediente 2025-7331 de modificación menor del Plan General iniciado para darle cumplimiento y si existe un pronunciamiento jurídico expreso que garantice la compatibilidad entre la protección definitiva de los inmuebles y la ejecución de la sentencia.
Desde esta formación se insistió en que proteger el patrimonio y cumplir una resolución judicial son obligaciones que deben poder compatibilizarse jurídicamente.
El PP reclama más garantías económicas y jurídicas
El Partido Popular centró buena parte de su intervención en las consecuencias que la aprobación del catálogo puede tener para los propietarios.
Su portavoz defendió la necesidad de proteger el patrimonio, pero reclamó que el documento detalle de manera suficiente qué obligaciones tendrán los titulares de los inmuebles, qué actuaciones podrán realizar, qué limitaciones podrán encontrar y qué ayudas o mecanismos de financiación estarán disponibles.
El PP cuestionó especialmente que la documentación no permita conocer de manera individualizada el posible impacto económico sobre los propietarios y reclamó mayor concreción sobre subvenciones, cantidades, programas y plazos.
La formación también reclamó un análisis específico de las posibles afecciones sobre derechos urbanísticos, licencias, proyectos e inversiones, así como mayor claridad sobre la relación entre el catálogo, el Plan General y la sentencia relacionada con La Cornisa.
Durante el debate, los populares defendieron que no basta con afirmar que la catalogación no genera automáticamente indemnizaciones, sino que deben analizarse las circunstancias concretas de los inmuebles afectados.
Fuerteventura Avanza pide retirar el expediente
Fuerteventura Avanza fue todavía más contundente y reclamó que el expediente quedara sobre la mesa para ser estudiado con mayor profundidad.
Su portavoz cuestionó que los grupos de la oposición dispusieran de tan poco tiempo para analizar un documento de esta complejidad y defendió que el Ayuntamiento debería haber buscado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.
La formación planteó también dudas sobre la memoria económica, las consecuencias para los propietarios y la compatibilidad del catálogo con la modificación del Plan General vinculada a La Cornisa.
Fuerteventura Avanza llegó a advertir de la posibilidad de futuras reclamaciones e indemnizaciones si el expediente terminara siendo cuestionado judicialmente.
Finalmente, el grupo anunció su voto en contra de la aprobación definitiva.
El Grupo Mixto opta por la abstención
El portavoz del Grupo Mixto, Miguel Felipe Rastrero, coincidió en la necesidad de que Puerto del Rosario disponga de un catálogo de protección, pero defendió que el expediente debería haberse estudiado con más tiempo.
Rastrero recordó que la sentencia relacionada con La Cornisa todavía plantea cuestiones pendientes y expresó dudas sobre la ejecución completa de las actuaciones necesarias para darle cumplimiento.
También reclamó mayor concreción sobre las medidas económicas destinadas a garantizar la conservación de los bienes catalogados.
Pese a defender la necesidad del catálogo, anunció finalmente su abstención al considerar que todavía existían cuestiones relevantes sin resolver.
El Gobierno defiende la urgencia y la solidez del expediente
Frente a las críticas de la oposición, el grupo de gobierno defendió que la convocatoria extraordinaria y urgente estaba justificada por los plazos administrativos del procedimiento y por la necesidad de evitar que el patrimonio quedara expuesto a actuaciones incompatibles con los valores que se pretenden proteger.
Desde el Gobierno municipal se sostuvo que el expediente estaba completo y que contaba con los informes técnicos y jurídicos necesarios.
La portavoz de Coalición Canaria defendió que el documento había sido sometido a un amplio proceso de participación y recordó las diferentes actuaciones realizadas para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
El grupo de gobierno también reprochó a Fuerteventura Avanza su ausencia en anteriores órganos y sesiones vinculadas al expediente y rechazó que la tramitación se hubiera desarrollado de espaldas a la oposición o a los ciudadanos.
La Secretaría Municipal avala la legalidad del expediente
Uno de los momentos más relevantes del pleno se produjo cuando el alcalde solicitó la intervención del secretario municipal para aclarar las dudas jurídicas planteadas por los diferentes grupos.
La Secretaría explicó que, en este tipo de expedientes, el informe preceptivo corresponde al secretario municipal y que los informes de otras unidades, incluido el área de planeamiento, tienen carácter sectorial.
También defendió que el informe favorable emitido por el Cabildo de Fuerteventura había analizado el documento en su conjunto y había comprobado el cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa de patrimonio cultural.
Respecto a la memoria económica, señaló que el expediente sí contiene un informe de sostenibilidad económica en el que se contemplan diferentes mecanismos de apoyo, entre ellos bonificaciones fiscales y subvenciones.
El secretario hizo referencia igualmente a un informe jurídico y económico elaborado por GESPLAN y defendió que el hecho de que un planeamiento reconozca determinadas expectativas de aprovechamiento urbanístico no implica automáticamente la existencia de un derecho indemnizatorio cuando esas expectativas no se han materializado.
Un cambio de posición explicado por el propio secretario
La intervención de la Secretaría Municipal sirvió también para explicar por qué los 16 inmuebles de La Cornisa fueron excluidos inicialmente y posteriormente reincorporados.
Según explicó, las circunstancias existentes cuando se redactaron los primeros informes habían cambiado posteriormente.
Entre esos cambios citó la desestimación del programa de actuación urbanística presentado por los propietarios, la decisión municipal de iniciar una modificación menor del Plan General para dar cumplimiento a la sentencia y la posterior emisión de informes sectoriales favorables sobre los valores patrimoniales de los inmuebles.
El secretario defendió que la protección patrimonial no puede establecerse de forma arbitraria, sino que debe responder a criterios objetivos y técnicos.
Finalmente manifestó su conformidad jurídica con el expediente y consideró que, tanto formalmente como en cuanto al fondo, el procedimiento cumplía con la legalidad vigente.
Un pleno dividido ante una decisión histórica
La votación final reflejó las diferencias existentes durante el debate.
La aprobación definitiva del Catálogo Municipal de Protección salió adelante con:
11 votos a favor
2 votos en contra
5 abstenciones
Con este resultado, Puerto del Rosario culmina la aprobación de un instrumento que incorpora 891 elementos patrimoniales y que incluye definitivamente los 16 inmuebles de La Cornisa.
El documento deberá continuar ahora con los trámites administrativos correspondientes para su entrada en vigor.
La aprobación pone fin a una larga tramitación, pero también abre una nueva etapa en la que el Ayuntamiento deberá afrontar la aplicación efectiva del régimen de protección, la conservación de los bienes catalogados y las medidas de apoyo a sus propietarios.
La propia sesión dejó claro que el debate político no termina con la votación. La compatibilidad entre protección patrimonial, planeamiento urbanístico, derechos de los propietarios y ejecución de las resoluciones judiciales seguirá siendo uno de los principales asuntos que condicionen el futuro de La Cornisa y del conjunto del catálogo.
Puerto del Rosario cuenta ya, en cualquier caso, con una herramienta municipal de protección patrimonial que aspira a preservar parte esencial de la memoria histórica, arquitectónica, etnográfica, arqueológica y natural del municipio.
