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Canarias quiere que su experiencia sobre el terreno tenga un mayor peso en las decisiones migratorias de la Unión Europea. El Gobierno de Canarias llevará este mes de octubre a Bruselas una propuesta para que las regiones fronterizas y de primera entrada tengan una participación más activa en el diseño y aplicación de las políticas migratorias comunitarias.
La iniciativa será defendida por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, durante la próxima reunión de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), organización en la que Canarias colidera el Grupo de Trabajo sobre Migraciones junto con la Comunitat Valenciana.
El objetivo es que las conclusiones alcanzadas durante la reunión de este grupo de trabajo, celebrada el pasado 16 de septiembre en Bruselas, se incorporen a la posición política de la CRPM y sean posteriormente trasladadas a las principales instituciones europeas.
La propuesta parte de una realidad que Canarias conoce de primera mano: las decisiones que se adoptan en Bruselas tienen una repercusión directa sobre los territorios que reciben los flujos migratorios y deben gestionar posteriormente sus consecuencias sociales, administrativas y económicas.
El Ejecutivo autonómico considera que esa experiencia debe incorporarse de manera más efectiva a las políticas europeas. Caraballo defiende que las regiones que afrontan directamente la llegada de personas migrantes disponen de un conocimiento específico sobre las dificultades que aparecen en la práctica y sobre las necesidades que deben atender las distintas administraciones.
“Somos quienes conocemos de manera directa las dificultades y las necesidades que plantea la gestión migratoria”, sostiene el viceconsejero, que plantea que las conclusiones de la CRPM se conviertan en propuestas concretas para mejorar la coordinación entre administraciones y adaptar las respuestas a las características de cada territorio.
La petición canaria se produce, además, en un momento especialmente relevante para la política migratoria europea. El Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea comenzó a aplicarse el 12 de junio de 2026, después de un periodo de preparación de dos años. El nuevo marco comunitario incluye diez bloques legislativos relacionados con el control y gestión de las fronteras, los procedimientos de asilo, la acogida, los retornos, la solidaridad entre Estados miembros y la integración.
La entrada en aplicación del nuevo Pacto supone una transformación del sistema europeo de gestión migratoria. La Comisión Europea señala que su puesta en marcha requiere la coordinación de numerosos actores, entre ellos los Estados miembros, las instituciones comunitarias y las agencias europeas especializadas.
El nuevo sistema contempla, entre otros elementos, procedimientos comunes para el registro y control de las llegadas, nuevas reglas sobre responsabilidad en materia de asilo y un mecanismo de solidaridad destinado a apoyar a los Estados miembros sometidos a presión migratoria.
La Comisión Europea ya realizó en julio de 2026 una primera evaluación de la aplicación de las nuevas reglas sobre responsabilidad en materia de asilo. En el caso de España, Bruselas señaló que la cooperación operativa para aplicar estas normas podía considerarse adecuada, aunque también advirtió de que el proceso de implantación continúa y requiere seguimiento.
En este contexto, Canarias pretende que la perspectiva regional tenga un mayor peso en las próximas fases de desarrollo y revisión de las políticas comunitarias.
Una de las conclusiones fundamentales del Grupo de Trabajo sobre Migraciones de la CRPM consiste en reforzar la participación de las regiones dentro de la gobernanza multinivel europea.
La propuesta plantea que las administraciones regionales sean reconocidas como actores relevantes de la política migratoria y puedan intervenir de forma más directa tanto en la elaboración de las políticas como en su aplicación.
Entre las recomendaciones figura también la necesidad de reducir las barreras administrativas, mejorar la coordinación entre la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones y aprovechar el conocimiento acumulado por los territorios para futuras revisiones de las políticas migratorias, incluido el propio Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
La reivindicación no es nueva en el ámbito comunitario. El Comité Europeo de las Regiones ya ha defendido que las administraciones locales y regionales desempeñen un papel fundamental en la aplicación del Pacto y ha reclamado que se reconozca específicamente la situación de las regiones situadas en las fronteras exteriores de la Unión.
Canarias ocupa una posición singular dentro del mapa migratorio europeo por su situación geográfica frente a las costas de África occidental y por su condición de región ultraperiférica y frontera exterior de la Unión Europea.
El Comité Europeo de las Regiones ha señalado recientemente la presión que soportan las administraciones canarias en materia de acogida. En un encuentro celebrado en las islas en julio de 2025, el organismo europeo destacó que los gastos de acogida de emergencia en Canarias habían pasado de 54,8 millones de euros en 2022 a 143,6 millones en 2024. El Comité reclamó entonces financiación estructural y un mayor apoyo para que las administraciones locales y regionales puedan responder a los flujos migratorios de manera sostenida.
Durante aquella reunión, el Comité Europeo de las Regiones también puso el foco en la situación de los menores migrantes no acompañados, señalando que Canarias se había convertido en una de las rutas migratorias más transitadas hacia la Unión Europea.
Estos antecedentes contribuyen a explicar la posición que ahora Canarias pretende trasladar a la CRPM: que las políticas europeas no se diseñen únicamente desde las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales, sino incorporando también la experiencia de los territorios que tienen que aplicarlas sobre el terreno.
Las conclusiones de la CRPM no se limitan a la gestión de las llegadas. El documento plantea una visión más amplia de la integración y señala la necesidad de coordinar las políticas migratorias con otras áreas fundamentales de las administraciones públicas.
Entre ellas aparecen el empleo, la vivienda, la sanidad, el cuidado infantil, el aprendizaje de idiomas y la participación en la comunidad.
La integración laboral constituye uno de los principales ámbitos señalados en las conclusiones. La CRPM plantea mejorar el reconocimiento de las competencias profesionales y las cualificaciones obtenidas en otros países, simplificando y agilizando los procedimientos administrativos.
La propuesta adquiere especial relevancia en sectores europeos que presentan una elevada demanda de trabajadores, entre ellos la sanidad y la construcción, y contempla avanzar hacia una mayor armonización del reconocimiento de cualificaciones entre los Estados miembros.
El planteamiento también busca evitar que la incorporación al mercado laboral se produzca de manera precipitada o sin tener en cuenta la preparación profesional de cada persona.
Otro de los aspectos destacados por el grupo de trabajo es la necesidad de reforzar la formación lingüística desde las primeras etapas del proceso de integración.
La propuesta contempla incorporar mediadores profesionales que ayuden a superar las barreras idiomáticas y vincular la formación lingüística con el propio puesto de trabajo.
Las conclusiones también mencionan las posibilidades que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial para la traducción, aunque plantean que estas tecnologías deben utilizarse como complemento y no como sustituto de una formación lingüística estructurada.
Asimismo, se plantea el desarrollo de sistemas de mentoría entre iguales para facilitar la integración y favorecer el acompañamiento de las personas recién llegadas.
El documento de la CRPM insiste en que la incorporación al mercado laboral no puede analizarse de manera aislada.
La vivienda, la asistencia sanitaria, el cuidado de los menores, el aprendizaje del idioma y la participación social forman parte de un mismo proceso y requieren coordinación entre diferentes departamentos y niveles administrativos.
Por ello, otra de las propuestas pasa por establecer figuras de coordinación capaces de conectar los servicios de empleo, vivienda e inclusión social, evitando que cada área actúe de manera independiente.
Esta perspectiva coincide con el enfoque defendido por el Comité Europeo de las Regiones, que considera que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel fundamental en ámbitos como la acogida, la inclusión y la integración de las personas migrantes.
El siguiente paso corresponde ahora a la propia CRPM. Canarias defenderá durante este mes de octubre que las conclusiones del grupo de trabajo se incorporen a la posición política de la organización y sean trasladadas a las instituciones europeas.
La intención del Ejecutivo autonómico es que las recomendaciones no queden únicamente como conclusiones de un grupo de trabajo, sino que puedan convertirse en propuestas concretas dirigidas a mejorar la política migratoria europea.
Entre las prioridades se encuentra también garantizar una financiación sostenible que permita mantener las redes de cooperación creadas entre administraciones y organizaciones, así como facilitar que los proyectos financiados por la Unión Europea puedan trasladarse y adaptarse a otros territorios.
La iniciativa vuelve a situar a Canarias en el debate europeo sobre migración y sobre el papel que deben desempeñar las regiones fronterizas en una política que afecta simultáneamente a las fronteras exteriores, los sistemas de acogida, las políticas sociales, el empleo y la integración.
El Comité Europeo de las Regiones ya ha defendido que las regiones situadas en las fronteras exteriores necesitan un reconocimiento específico dentro de las políticas europeas y que las autoridades locales y regionales deben participar en la aplicación del nuevo marco migratorio.
Ahora, el Gobierno de Canarias pretende trasladar esa perspectiva a la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, con la intención de que la experiencia de los territorios que reciben directamente los flujos migratorios tenga una mayor presencia en las decisiones que se adopten en Bruselas.
Para Canarias, el debate no se limita al control de las fronteras o a la respuesta inmediata ante las llegadas. La propuesta plantea abordar también la coordinación administrativa, la acogida, la formación, el empleo, la vivienda y la integración social, con una participación más directa de las regiones en las políticas que posteriormente deben aplicarse sobre el terreno.
Con esta iniciativa, Canarias pretende que Bruselas tenga en cuenta una realidad que las administraciones de las regiones fronterizas afrontan diariamente: las políticas migratorias europeas tienen una dimensión territorial y sus efectos se materializan, en gran medida, en las comunidades que reciben y atienden a las personas que llegan a territorio europeo.
La propuesta que el Ejecutivo autonómico llevará a la CRPM abre así un nuevo capítulo en la estrategia de Canarias para aumentar su participación en el debate europeo sobre migración y reclamar que la experiencia de las regiones de primera entrada forme parte de las futuras decisiones de la Unión Europea