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La operación policial, desarrollada conjuntamente por España, Brasil y Suiza, se ha saldado con cuatro detenidos y ocho registros simultáneos en los tres países. La investigación comenzó en octubre de 2025, tras interceptar a una mujer que pretendía transportar 24 huevos de aves protegidas ocultos bajo su ropa en el aeropuerto de Río de Janeiro.
La lucha contra el tráfico internacional de especies protegidas ha permitido desarticular una presunta organización criminal con actividad entre Sudamérica y Europa. La operación se ha saldado con cuatro personas detenidas, dos de ellas en Gran Canaria, donde los agentes han intervenido 30.000 euros en efectivo durante los registros practicados en dos habitaciones de hotel.
La investigación ha sido desarrollada mediante la colaboración de la Policía Nacional española, la Policía Federal de Brasil y las autoridades policiales de Suiza. Las pesquisas apuntan a una estructura organizada presuntamente dedicada al tráfico transnacional de aves y otros animales en peligro de extinción.
El origen de la investigación se remonta a octubre de 2025, cuando una ciudadana suiza fue interceptada en el aeropuerto de Río de Janeiro, en Brasil, mientras presuntamente intentaba viajar a Europa con 24 huevos de aves protegidas ocultos bajo su ropa.
Los huevos pertenecían a dos especies de loros sudamericanos: Amazona brasiliensis y Amazona pretrei. Este hallazgo permitió a los investigadores iniciar una serie de diligencias para identificar a las personas que podrían estar detrás del traslado ilegal de estos animales entre continentes.
A partir de aquella intervención, la Policía Federal brasileña logró identificar a dos de los principales sospechosos de la organización: el presunto líder de la trama y la persona que supuestamente actuaba como proveedor y coordinador de las salidas ilegales de animales desde Sudamérica.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue el elevado número de desplazamientos internacionales atribuidos al presunto proveedor de la organización.
Según las informaciones policiales difundidas sobre el caso, los agentes detectaron hasta 117 movimientos migratorios sospechosos entre Brasil y Europa, con estancias inferiores a tres días. Estos viajes habrían formado parte de una dinámica destinada, presuntamente, a facilitar los desplazamientos y dificultar la detección de las actividades ilícitas.
A principios de octubre de 2026, las autoridades brasileñas detectaron un nuevo desplazamiento del investigado desde Brasil hacia Gran Canaria, con escala en Suiza. Durante su estancia en territorio suizo, se habría reunido con el presunto responsable de la red, y ambos continuaron juntos su viaje hacia España.
La información recopilada durante las pesquisas llevó a la Policía Federal brasileña a solicitar colaboración urgente y a tramitar órdenes internacionales de detención a través de Interpol.
La actuación policial en Gran Canaria se saldó con la detención de dos de los investigados, sobre quienes pesaban las correspondientes órdenes internacionales relacionadas con la investigación.
Los arrestados fueron puestos a disposición judicial para iniciar los procedimientos de extradición correspondientes, según las informaciones difundidas sobre la operación. Se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico internacional de especies protegidas.
Durante el operativo, los agentes practicaron dos registros en habitaciones de hotel donde se alojaban los investigados. En estas actuaciones fueron intervenidos 30.000 euros en efectivo, que, de acuerdo con la información policial publicada, procederían presuntamente del tráfico ilícito.
Además del dinero, los investigadores localizaron jeringuillas específicas para la implantación de microchips e identificadores animales, elementos que forman parte del material intervenido durante las diligencias.
La actuación en Gran Canaria se enmarca en una operación internacional coordinada para reunir pruebas, evitar su destrucción y avanzar en el esclarecimiento de las presuntas actividades de la organización.
La operación incluyó ocho entradas y registros practicados de forma coordinada en los tres países implicados. En concreto, se realizaron tres registros en Brasil, tres en Suiza y dos en Gran Canaria.
Las actuaciones permitieron ampliar las pesquisas sobre la presunta estructura de la red y reunir nuevos elementos para la investigación.
En Brasil, durante uno de los registros domiciliarios, los investigadores localizaron numerosos ejemplares de monos tití muertos, animales disecados y restos óseos pertenecientes a diferentes especies protegidas. Estos hallazgos evidencian la gravedad de los indicios encontrados y la importancia de esclarecer el origen de los animales y su posible vinculación con el tráfico ilegal investigado.
Las autoridades continúan centrando sus esfuerzos en determinar el alcance de la actividad y las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de los hechos.
El comercio ilegal de fauna silvestre constituye una amenaza para la conservación de numerosas especies, especialmente cuando afecta a animales sometidos a protección internacional.
La extracción de ejemplares de su hábitat natural, el transporte clandestino y la comercialización sin las autorizaciones exigidas pueden tener consecuencias graves para la supervivencia de las poblaciones animales. Además, los métodos empleados para ocultar y trasladar ejemplares vivos pueden comprometer su bienestar y provocar lesiones o la muerte durante el transporte.
La cooperación entre cuerpos policiales de diferentes países resulta fundamental para investigar este tipo de delitos, ya que las redes pueden distribuir sus actividades entre los lugares de captura, los puntos de tránsito y los destinos finales.
La operación desarrollada entre España, Brasil y Suiza pone de manifiesto la dimensión internacional de estas investigaciones y el papel de la colaboración policial para combatir el tráfico de especies protegidas.
La investigación se ha saldado, por el momento, con cuatro detenidos y ocho registros en tres países. Los hechos continúan sujetos al procedimiento judicial correspondiente y deberá determinarse la responsabilidad de los investigados, respetando en todo momento la presunción de inocencia.
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