radio online
La propuesta impulsada por la Consejería de Hacienda para eliminar la exención fiscal de los pequeños pedidos internacionales continúa sin materializarse. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre añade incertidumbre a una reforma que afecta tanto al comercio canario como a los consumidores del Archipiélago.
CANARIAS | 1 DE NOVIEMBRE DE 2026. Los consumidores de Canarias podrán seguir beneficiándose, por el momento, de la exención del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicable a determinados envíos de comercio electrónico de hasta 150 euros. La modificación que pretende acabar con este tratamiento fiscal diferenciado no se ha traducido todavía en un cambio normativo, por lo que la situación continúa pendiente de resolución.
La iniciativa, promovida desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, encabezada por Matilde Asián, pretende modificar el régimen que permite que determinados pedidos realizados a través de plataformas digitales y enviados desde el extranjero entren en las Islas sin tributar por IGIC.
Sin embargo, el escenario político nacional ha introducido un nuevo elemento de incertidumbre. La disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre obligan a revisar los plazos de cualquier modificación legislativa que necesite pasar por el Congreso y el Senado.
La exención fiscal de los envíos de bajo valor lleva años formando parte de las particularidades del comercio electrónico en Canarias. Su aplicación ha permitido que determinados productos adquiridos por internet, cuyo valor no supera los 150 euros, puedan entrar en el Archipiélago sin abonar el IGIC correspondiente a la importación.
Este tratamiento se ha convertido, con el crecimiento de las grandes plataformas internacionales de venta por internet, en uno de los asuntos más controvertidos de la política comercial y fiscal de las Islas.
La principal crítica procede de los establecimientos comerciales que desarrollan su actividad en Canarias. Estos negocios deben repercutir el IGIC en sus ventas, mientras que determinadas compras realizadas directamente a operadores extranjeros disfrutan de una ventaja fiscal que, según las organizaciones empresariales, genera diferencias en las condiciones de competencia.
La Consejería de Hacienda considera necesario revisar esta situación y avanzar hacia un modelo en el que las operaciones comerciales soporten un tratamiento fiscal más equilibrado, independientemente de que la compra se realice en una tienda física o a través de internet.
La propuesta de modificación fue trasladada al Ministerio de Hacienda por la consejera Matilde Asián, que defendió la necesidad de revisar una exención que permanece vigente en Canarias pese a que el resto del territorio español eliminó el tratamiento equivalente en el IVA en 2021.
La petición pretende abordar una modificación del marco fiscal canario, recogido en la Ley 20/1991, que regula los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
El procedimiento no consiste simplemente en cambiar una instrucción administrativa. Al afectar al marco legal del IGIC y a las particularidades fiscales del Archipiélago, requiere una tramitación normativa que implica al Estado.
Uno de los objetivos que se han planteado desde el ámbito autonómico es evitar que una eventual eliminación de la exención suponga un nuevo obstáculo burocrático para los compradores. La posibilidad de que las propias plataformas digitales recauden y liquiden el impuesto constituye una de las cuestiones que deben resolverse antes de implantar un nuevo sistema.
La convocatoria de elecciones generales ha cambiado el escenario político en el que debía desarrollarse esta iniciativa.
El Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, establece la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y fija la celebración de los comicios para el domingo 29 de noviembre.
La disolución de las Cortes supone el cierre de la actividad legislativa ordinaria de esta legislatura. En consecuencia, cualquier reforma legal que todavía necesite completar su recorrido parlamentario podría verse retrasada y quedar pendiente de la constitución de las nuevas Cámaras y de las decisiones que adopte el próximo Gobierno.
Esto no significa que la propuesta de Canarias haya sido anulada ni que exista una derogación definitiva de la iniciativa. Significa que su desarrollo queda condicionado por un nuevo calendario político y por la continuidad de las negociaciones entre las administraciones implicadas.
La eliminación de esta franquicia fiscal es una reivindicación que las organizaciones empresariales llevan tiempo trasladando a las instituciones.
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y representantes del pequeño, mediano y gran comercio han respaldado públicamente la necesidad de revisar el sistema actual.
Los comerciantes consideran que mantener la exención coloca a los establecimientos de las Islas en una situación de desventaja frente a determinados operadores internacionales que comercializan sus productos a través de plataformas digitales.
Su argumento se centra en la necesidad de que todos los operadores que venden a consumidores canarios compitan bajo unas condiciones fiscales equivalentes. También defienden que el cambio debe diseñarse para que el comprador no tenga que enfrentarse a nuevos trámites ni a procedimientos complicados para recibir sus pedidos.
La controversia, por tanto, no se limita a una cuestión tributaria. También afecta al futuro del comercio de proximidad, al mantenimiento del empleo y a la capacidad de los establecimientos canarios para competir en un mercado cada vez más dominado por grandes plataformas internacionales.
La discusión sobre el IGIC coincide, además, con un cambio importante en la normativa aduanera europea.
Desde el 1 de julio de 2026, la Unión Europea aplica un nuevo sistema para los envíos de bajo valor procedentes de países extracomunitarios. El Reglamento (UE) 2026/382 elimina la franquicia arancelaria que permitía que los paquetes de hasta 150 euros quedaran exentos de derechos de aduana.
Como medida transitoria, se establece un arancel fijo de tres euros por cada línea declarativa correspondiente a las categorías de mercancías afectadas, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.
Este cambio debe distinguirse de la exención del IGIC. Se trata de dos figuras diferentes: una afecta a los derechos arancelarios de importación y la otra al impuesto indirecto propio de Canarias.
Por tanto, que un consumidor pueda tener que afrontar el nuevo arancel europeo no significa que automáticamente tenga que pagar también IGIC por un pedido acogido a la franquicia canaria.
Precisamente, la entrada en vigor de esta regulación europea ha contribuido a reactivar el debate sobre la conveniencia de mantener el actual tratamiento fiscal de las compras online en el Archipiélago.
De momento, los compradores de las Islas no deben interpretar que la convocatoria electoral implique la desaparición de la exención ni que se haya aprobado un nuevo impuesto sobre sus compras por internet.
Mientras no entre en vigor una modificación de la normativa aplicable, se mantiene el tratamiento fiscal vigente para los envíos que cumplan las condiciones de la franquicia.
Eso sí, hay que tener presente que la exención del IGIC no supone que todos los pedidos estén libres de cualquier gasto. Los costes de transporte, gestión aduanera y los derechos arancelarios que correspondan pueden variar dependiendo del origen de la mercancía, su clasificación y el régimen aplicable.
El consumidor debe comprobar también si el producto se encuentra realmente fuera de la Unión Europea cuando realiza la compra, ya que este aspecto resulta determinante para la aplicación de los nuevos derechos de aduana.
El futuro de la franquicia fiscal de los 150 euros se ha convertido en una cuestión relevante para la economía canaria. Por un lado, están los establecimientos comerciales que reclaman unas condiciones de competencia más equilibradas. Por otro, los consumidores, que buscan mantener unas compras por internet asequibles y sin costes administrativos inesperados.
La propuesta de la Consejería de Hacienda tendrá que encontrar su recorrido definitivo en el nuevo escenario político nacional. La convocatoria electoral introduce incertidumbre sobre los plazos, pero no supone por sí misma la retirada de la iniciativa.
Hasta que exista una modificación legal publicada y en vigor, los canarios podrán seguir acogidos al régimen fiscal actualmente aplicable a los envíos que cumplan los requisitos establecidos.
La gran incógnita será cuándo se retomará la reforma y cómo se aplicará un eventual cambio para conseguir un equilibrio entre la protección del comercio canario y los intereses de los consumidores.
PUERTO RADIO | Información de Canarias.